Audasa pide 13 años de cárcel para su extesorera, acusada de estafa

Quien fue tesorera de Autopistas del Atlántico durante diez años está hoy más cerca de sentarse en el banquillo. La titular del Juzgado de Instrucción número ocho de A Coruña ha dictado auto de apertura de juicio oral contra I.C.M., acusada de tres presuntos delitos continuados: estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.  

La decisión de la juez sobre la apertura del juicio oral se produce tras la presentación de sus escritos por parte de las acusaciones personadas en el proceso, tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, que recae en Autopistas del Atlántico y en su filial Autoestradas de Galicia. Finaliza así la fase de instrucción de un proceso que comenzó en enero de 2019, con el despido de la empleada, la posterior denuncia y su ingreso provisional en la prisión de Teixeiro, en la que permaneció unos diez meses.  

Las penas solicitadas

En su escrito de acusación, los abogados de Autopistas del Atlántico solicitan para la extesorera un total de 13 años de prisión, pena que la Fiscalía rebaja a seis años. La elevada pena solicitada ha llevado a la defensa de la acusada a pedir en un escrito que sea la Audiencia Provincial de A Coruña la instancia en la que se debe celebrar la vista oral, ya que en el auto la titular de Instrucción ocho señala que ese juzgado es el órgano competente. 

I.C.M. fue tesorera de Audasa entre 2008 y 2018, y su salida de la concesionaria de la AP-9 tras destaparse el caso conllevó que un mes después su inmediata superior, M.E.P.M, jefa de Administración, también dejase el grupo. M.E.P.M. llegó a declarar en calidad de testigo en las diligencias previas y fue la encargada de interponer la primera denuncia contra su subordinada.  

Presunto fraude millonario

La extesorera de Audasa está acusada de un delito continuado de estafa, de especial gravedad por razón de su cuantía, de otro de falsedad documental y también por blanqueo de capitales. La estafa, según la denuncia inicial presentada por Audasa, podría elevarse a 1,2 millones de euros, aunque durante la instrucción se han llegado a barajar cifras sensiblemente superiores, acercándose a los 1,7 millones, como adelantó Economía Digital Galicia. 

Según la denuncia, la presunta trama urdida por la empleada pasaba por generar operaciones de pago ficticias de franquicias de seguros a través de casi unas 200 transferencias a una cuenta de Ibercaja, de la que era titular la ya extesorera. La extrabajadora se defendió de las acusaciones ante la jueza asegurando que sus superiores directos estaban al corriente de la dinámica y conocían perfectamente la arquitectura de la trama denunciada.