Audasa: la retirada de casi medio millón por la tesorera en un año puso en alerta a los bancos
Las transferencias de la extesorera de Audasa a cuentas personales escalaron desde los menos de 2.000 euros registrados en 2011 hasta los 428.000 euros en 2018
Imagen de archivo de uno de los tramos de la AP-9
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado este jueves la segunda jornada del juicio a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) por el presunto desvío de 1,2 millones de euros entre 2011 y 2018.
Representantes de Abanca, Itínere (matriz de Audasa) y de la Policía Nacional han acudido a declarar como testigos en el marco de este caso por el cual la Fiscalía acusa a la extesorera de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial y de un delito de estafa. En el caso de su marido, los delitos se circunscribirían, según la Fiscalía, a estafa o, en su caso, de blanqueo por imprudencia grave.
Durante la celebración del juicio se puso de manifiesto que estas salidas de saldo desde las cuentas de bancarias de Audasa a las cuentas personales de la extesorera arrancaron en 2011 con un importe ligeramente superior a los 1.000 euros. Sin embargo, en 2018 estas cantidades se elevaron hasta los 428.000 euros, lo que hizo saltar las alarmas en Abanca e Ibercaja tras detectar indicios de que se podía tratar de «transferencias fraudulentas».
Fue en diciembre de ese mismo año cuando la firma puso en marcha una investigación interna que acabó en una denuncia presentada ante la comisaría de Policía y la apertura de diligencias. A continuación arrancó la fase de investigación, con registro en el domicilio particular de la acusada incluido, tras el cual, en mayo de 2019, el juez acordó mediante un auto la prisión provisional y sin fianza para la ya entonces extesorera de Audasa.
«Nivel de vida por encima de sus posibilidades»
Los testigos que han pasado por dependencias judiciales este jueves han asegurado que la extesorera se valía de conceptos y destinatarios frecuentes, así como de firmas insertadas en los documentos para esquivar los procedimientos de control interno.
Mediante estos movimientos, la acusación particular considera que el matrimonio llevó un «nivel de vida por encima de sus posibilidades» tras gastar grandes sumas de dinero en «ocio u hostelería», así como en «la cancelación de créditos o la compra de automóviles». En la investigación constan reintegros mediante talones bancarios realizados por la ejecutiva por importe de 124.550 euros, así como reintegros en cajeros automáticos por otros 202.261 euros, y transferencias bancarias de 312.292 euros.
