Audasa gana la millonaria batalla de los ‘peajes en sombra’ de la AP-9
El Supremo obliga a Fomento a abonar a la concesionaria más de diez millones en indemnizaciones por el cambio de criterio para los 'peajes en sombra'
Audasa gana la batalla legal de los peajes en sombra que había emprendido contra Fomento y Xunta. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo de Autopistas del Atlántico contra un real decreto de 2017 por el que se modificó el convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta y la propia Audasa, aprobado por real decreto en 2006, y declara el derecho de la sociedad concesionaria a que se le indemnicen los perjuicios causados por la implantación del nuevo sistema de retribución, que comprendía los tramos de A Coruña-A Barcala y Vigo-O Morrazo. El importe total reclamado, sin contar intereses, supera los diez millones en tres años.
La sala señala que dichos perjuicios se concretan en la diferencia entre lo que hubiera percibido Audasa con arreglo al sistema de retribución fijado por el real decreto de 2006 y lo que le ha sido satisfecho con arreglo al real decreto de 2017. Asimismo, deberán serle abonados los intereses que legalmente correspondan desde que se devengó el derecho al cobro conforme al Real Decreto 633/2006 y hasta que se produzca su efectivo pago.
La indemnización superará los diez millones
La sentencia condena a la Administración General del Estado a que abone a la concesionaria la indemnización e intereses resultantes, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración gallega como consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006.
Audasa alegaba en su recurso que el sistema de contraprestación implantado con la modificación realizada por el real decreto arrojó en el año 2017 (de 30 de julio a 31 de diciembre) una pérdida de ingresos de dos millones de euros, que extrapolada al resto el año 2017 hubiera determinado una pérdida de 4,9 millones, y que durante el periodo restante de la concesión alcanzaría la cifra de 482 millones.
En los años posteriores, el quebranto originado se situó en 4,5 millones para el ejercicio completo de 2018, según la propia memoria de Audasa, a lo que habría que sumar otro tanto en 2019. En total, son más de diez millones, sin contar intereses, los que obliga a abonar ahora el Supremo a la concesionaria de la Autopista del Atlántico.
