Audasa da por hecha una indemnización astronómica si Europa y España le quitan la AP-9
La concesionaria dice a los inversores que la compensación superaría “significativamente” su deuda actual, de más de 1.000 millones, si Bruselas declara ilegal la prórroga de Aznar y España la aparta de la autopista
Bruselas considera ilegal la prórroga que concedió José María Aznar a la concesionaria de la AP-9 hasta 2048 / Europa Press
Audasa, la concesionaria de la principal autopista de Galicia, ha dado sobradas pruebas de la solidez de su blindaje ante cualquier merma de ingresos, ya sea pidiendo compensaciones por el impacto del Covid o traspasando al Estado la posible responsabilidad por las denuncias de atascos en el vial. El derecho concesional que le permite solicitar el reequilibrio económico financiero a cambio de costear y buscar la financiación para las obras del vial mitiga mucho los riesgos para la filial del grupo Itínere.
Esta red de seguridad se traslada ahora, de distinta manera, hasta instancias europeas, donde transita el último conflicto de la concesionaria de la AP-9. La Comisión abrió un expediente contra el Estado español por la ampliación del plazo concesional hasta 2048 que aplicó el Gobierno de José María Aznar a cambio de prolongar la autopista hasta Ferrol.
De Aznar a Bruselas
La prórroga de 25 años, que se firmó en el año 2000 con Arias Salgado como ministro de Fomento, es para Bruselas una nueva concesión que, según la normativa comunitaria, debería otorgarse por concurso público. Sin embargo, el Ejecutivo no abrió proceso competitivo alguno, amplió la concesión directamente vulnerando las reglas de las licitaciones públicas de la UE.
Si España no toma medidas o convence a la Comisión de que la prórroga fue otorgada conforme a las normas comunitarias, el procedimiento podría acabar en el Tribunal de Justicia Europeo y en sanciones millonarias al Estado mientras no se corrija la irregularidad. El peligro para Audasa, por tanto, es que se anule la ampliación de la concesión y tenga que dejar la gestión de la autopista.
La compañía se refiere por primera vez a esta posibilidad en el folleto aprobado por la CNMV el pasado 28 de octubre para emitir obligaciones por valor de 300 millones de euros. Y deja clara una cosa: “Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público (como consecuencia o no de la adopción de dichas medidas) implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada”.
Audasa prevé más de 1.000 millones de compensación
La concesionaria incluso se anima a estimar a cuánto ascendería la compensación del Estado en caso de anular su contrato en la AP-9. Audasa cree que la indemnización sería “significativamente superior al importe actual de su deuda”. La cifra superaría, por tanto, los 1.000 millones, pues la deuda financiera neta de Autopistas del Atlántico se situaba en los 1.021 millones a cierre del semestre, aunque aumentará una vez realice la emisión de bonos.
La empresa señala que «no es destinatario de la carta de emplazamiento ni parte en el procedimiento que se pudiera desarrollar», pero conforme a la normativa actual tiene el derecho a ser «debidamente indemnizada» si se toman medidas que modifiquen o terminen el actual contrato de concesión.
Prórroga, privatización y denuncia
Audasa lanza esta advertencia mientras la asociación que denunció la prórroga de la AP-9 en Europa, En Colectivo, quiere conseguir la anulación de la concesión y establecer la gratuidad de la autopista, que a su juicio está amortizada desde 2013. La prórroga actual –hubo otras dos anteriores con el PSOE y UCD en el Gobierno– quedó fijada en el Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero, por el que Autopistas del Atlántico se comprometía a construir un tramo de autopista de acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón. Tres años después, la oleada de privatizaciones de Aznar colocaba ENA y todas sus filiales en manos de un consorcio liderado por Sacyr por 1.586 millones.
La ampliación del periodo concesional preservó algunas de las condiciones fiscales ventajosas que tenía Audasa, como exenciones de impuestos sobre las operaciones de endeudamiento de hasta el 95% el tributo en el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Estas exenciones fiscales, que también se aplican a aumentos de capital o firmas de contratos de concesión y transmisión de terrenos, deberían haber finalizado el 20 de agosto de 1998, según estableció la anterior prórroga, otorgada durante el Gobierno de Felipe González, pero el de Aznar los extendió hasta 2048, según analizó en un informe el Tribunal de Cuentas.
