Audasa contraataca: reclama siete millones al Grupo Puentes y a su socio por la ampliación de la AP-9
La concesionaria de la AP-9 ha reclamado una indemnización a Francisco Gómez y Cía y Puentes y Calzadas por las obras en Santiago meses después de que ambas compañías la hubiesen denunciado
Imagen de archivo del puente de Rande / Europa Press
Audasa multiplica sus frentes en los tribunales. La concesionaria de la AP-9 ha acudido a los tribunales para articular su contraataque contra Francisco Gómez y Cía y Puentes y Calzadas por presuntos incumplimientos en la unión temporal de empresas (UTE) que ambas empresas conformaron para abordar la ampliación de la AP-9 a su paso por Santiago de Compostela.
Ambas compañías habían llevado a Audasa a los tribunales para reclamarle un total de 10,9 millones de euros por presuntos incumplimientos en un contrato que fue otorgado en diciembre de 2014 a la UTE Compostela, participada al 70% por Puentes y Calzadas y al 30% por Francisco Gómez y Cia. El importe de la operación ascendió a 53,5 millones de euros.
Las dos empresas gallegas articularon su guerra contra Audasa el pasado mes de diciembre. Fue entonces cuando ambas acudieron al Juzgado de Primera Instancia número 2 de A Coruña para articular una guerra judicial que se ha topado con respuesta por parte de la filial de Itínere.
«La sociedad concesionaria se ha opuesto a las pretensiones de la demandante formulado demanda reconvencional contra la misma, que ha resultado admitida a trámite por el Juzgado, para que se declare que UTE Compostela incumplió el plazo de terminación y entrega de la obra establecido contractualmente», asegura Audasa en su última memoria semestral.
Es por ello que la titular de la concesión de la AP-9 (que expira en 2048) ha reclamado en los tribunales que «se condene de manera solidaria a UTE Compostela, a Puentes y Calzadas Infraestructuras y a Francisco Gómez y Cía» a abonarle 7,4 millones de euros.
Las otras guerras judiciales de Audasa
Esta no es la única batalla que mantiene Audasa en los tribunales. La concesionaria de la AP-9, que ganó 21,5 millones de euros entre enero y junio (un 73,8% más que en el mismo periodo de 2021), mantiene un pleito con el Gobierno central para exigir compensaciones por la caída de tráfico como consecuencia de la pandemia y sus restricciones.
«La sociedad ha interpuesto demanda contencioso-administrativa solicitando el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato de concesión«, apuntaba la compañía en su última memoria anual, en la que reconocía que este movimiento fue efectuado el pasado mes de febrero.
A esta causa, que Audasa ha abierto tras perder aproximadamente 2.000 vehículos diarios de tráfico, se suma la que la compañía mantiene en el Tribunal Supremo por los atascos durante las obras de ampliación en el Puente de Rande. «Con fecha 19 de abril de 2021 la Audiencia Provincial de Pontevedra ha revocado en su totalidad la sentencia anterior absolviendo a la sociedad concesionaria de cualquier pretensión. La sentencia de la Audiencia ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por el Ministerio Fiscal estando a la espera del Auto que resuelva sobre la
admisión a trámite del citado recurso de casación», asegura Audasa.
Pendiente de la indemnización por los peajes en sombra
La filial de Itínere mantiene estos frentes judiciales después de haber dado por zanjada su guerra por los peajes en sombra. Y es que Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictaminó el pasado mes de junio que debe ser el Estado y no la Xunta quien abone a Audasa 15,6 millones de euros por el cambio de criterio del Gobierno con los peajes en sombra.
En el año 2006 se acordó la gratuidad de los tramos de Rande y A Barcala por las cuales el Estado abonaba unas cantidades anuales a Audasa a cambio de liberar a los usuarios de estos pagos. Sin embargo, 11 años después (en el año 2017) el Gobierno por aquel entonces presidido por Mariano Rajoy revisó a la baja el sistema de cálculo de estas indemnizaciones tras el fuerte incremento del número de usuarios por estos tramos. Este movimiento desencadenó una guerra en los tribunales por parte de Audasa, a la que el Tribunal Supremo dio la razón en 2020 tras resolver que la compañía debía ser indemnizada por los perjuicios generados con este nuevo sistema de retribución.
