Audasa cifra en 46 millones los ingresos que perdió por el Covid y exige compensación al Estado

Audasa, la compañía que explota la jugosa concesión de la AP-9, cerró el pasado año con un beneficio de 50,7 millones de euros, un 20% más que en 2019, el año anterior a la pandemia. La firma no recuperó sus cifras preCovid ni en tráfico ni en ingresos, aunque los menores gastos derivados de la deuda bastaron para mejorar su balance. No obstante, a pesar de las ganancias, acomete un proceso judicial para reclamar compensaciones millonarias al Estado precisamente por el impacto de las restricciones del coronavirus en su actividad.

Así lo evidenció en su informe anual, recientemente remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, en ese documento la compañía no detalla la cuantía que reclama. Da pistas, no obstante, en un reciente folleto elaborado “con el objeto de realizar una emisión de obligaciones por importa de hasta 180,3 millones de euros”. Es ahí donde cifra en casi 50 millones de euros los ingresos que habría dejado de percibir debido a las restricciones duras que afectaron a la movilidad durante el primer estado de alarma, en 2020.

El primer «no» del Gobierno, el año de la pandemia

En ese documento, la compañía que explota la Autopista del Atlántico indica que ya a finales de octubre de 2020, presentó ante el Ministerio de Transporte una “solicitud de restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato de concesión como consecuencia de los daños sufridos a razón de los efectos del Covid, motivados por las restricciones de movilidad implementadas por las distintas administraciones públicas”. En su argumentación, Audasa sostiene que fueron esas restricciones las que imposibilitaron la ejecución del contrato de concesión administrativa “en los términos previstos, toda vez que la sociedad concesionaria ha mantenido su plena actividad por tratarse de una infraestructura crítica de transporte”.

La firma expone que en esa solicitud de reequilibrio “comprende la pérdida de ingresos en el periodo transcurrido desde la promulgación del primer estado de alarma”, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre del mismo año. Y su estimación de pérdidas para ese periodo llega a los 46,2 millones de euros.

La solicitud fue rechazada en vía administrativa por el Gobierno, y con esos casi 50 millones de euros en liza, la concesionaria comenzó una reclamación por la vía de lo contencioso-administrativo el pasado 8 de febrero.

Especialista en reclamaciones multimillonarias

Por otro lado, en el citado folleto de información a los inversores, la filial de Itínere recuerda otro de los últimos conflictos en los que está inmersa. El año pasado, la Comisión Europea abrió un expediente contra el Estado español por la ampliación del plazo concesional de la adjudicación hasta 2048 en tiempos del Gobierno de José María Aznar a cambio de prolongar la autopistas hasta Ferrol y sin pasar por un nuevo proceso de licitación.

La concesionaria admite que, al menos de momento, no ha recibido ninguna comunicación al respecto por parte del Gobierno central, aunque, como en anteriores ocasiones, advierte de que solicitará una astronómica indemnización en caso de verse perjudicada. “Si bien la sociedad no ha recibido ninguna notificación al respecto ni es parte en el procedimiento que se pudiera desarrollar, los administradores consideran que cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a la sociedad y por razones de interés público implicaría, en todo caso y conforme la legislación vigente, el derecho de la compañía a ser debidamente indemnizada”, apunta. La dueña de la AP-9 no ha da una cifra concreta, pero apunta a que la indemnización “sería significativamente superior al importe actual de su deuda”.

Y, el pasado diciembre, su deuda financiera superaba los 1.000 millones de euros.

Sin impacto (de momento) por el combustible

Litigios a un lado, Audasa alerta también del impacto que podría tener en un futuro en su negocio una situación de inflación. Sin embargo, de momento, en este primer trimestre del año, la compañía no ha notado ningún impacto derivado de la guerra en Ucrania. “En una hipotética situación de crisis económica en general, la elevación del precio de los carburantes o situaciones extraordinarias que influyan negativamente en la demanda o en la movilidad afectarían negativamente a la utilización de la autopista y, en consecuencia descenderían sus ingresos”, expone la compañía, quien indica, no obstante que, en el primer trimestre del ejercicio 2022 la IMD, la intensidad media diaria de tráfico, ha sido de 19.005 vehículos, lo que representa un incrementado del 43,05% con respecto al mismo periodo del año anterior.