Audasa cargará al Estado la condena por peajes abusivos en la AP-9
La concesionaria de la AP-9 asegura que el Ministerio reconoce su derecho a cargar al Estado “el importe de una eventual sentencia desfavorable"
Audasa considera que está blindada en el proceso judicial por los peajes abusivos en la AP-9. La concesionaria encajó una sentencia desfavorable del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra el pasado febrero, que la obligó a devolver las tarifas indebidamente cobradas a los usuarios del vial. El proceso partió de una demanda de la Fiscalía por los atascos en la autopista a causa de las obras de ampliación en el puente de Rande. Entendía el Ministerio Público que cobrar el importe íntegro del peaje a los conductores que sufrieron esos atascos constituía una práctica abusiva y exigía la devolución a los afectados.
El juzgado le dio parcialmente la razón, considerando probadas 81 incidencias durante un total de 94 horas y sentenciando la devolución de los peajes a los usuarios afectados y los intereses acumulados desde el día que circularon por la autopista.
En el informe de resultados del ejercicio 2019 de Audasa, que refleja unos beneficios de 42,3 millones, la concesionaria no aclara si ha recurrido la sentencia. Eso sí, asegura que “no afectará de manera significativa a sus cuentas anuales” y que podrá cargar un fallo desfavorable al erario público.
El Ministerio reconoce que pagará él, según Audasa
Audasa asegura que el Ministerio de Transportes ha admitido “expresamente” el “derecho de la sociedad a repercutir al Estado el importe de una eventual sentencia desfavorable”, dice la memoria de la compañía. Además, la concesionaria especula con que sea el propio departamento de José Luis Ábalos el que recurra la sentencia a través de la Abogacía del Estado.
Las obras de Rande, al igual que la circunvalación de la autopista en Santiago, fueron ejecutadas por Audasa en base a un convenio con el Ministerio de Fomento que la validaba para subir las tarifas de los peajes para compensar los costes en los que incurrió durante las actuaciones. La concesionaria entiende que también la blinda en este proceso judicial, en el que se personó el propio Ministerio de Transportes, ya que supondría una alteración de aquel acuerdo.
“Los administradores entienden y así lo ha defendido la sociedad y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la Abogacía del Estado que Audasa ha actuado en todo momento de acuerdo con su contrato concesional, con el conocimiento y autorización de los organismos responsables (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Delegación del Gobierno, Dirección General de Tráfico, etc.), que las obras se han ejecutado de acuerdo con la normativa vigente, garantizando la seguridad de usuarios y de trabajadores, y, en todo caso, con la menor afección posible al tráfico”, recalca.
Aunque el impacto de la sentencia no está cuantificado, el rechazo por parte del juez a la indemnización por daños y perjuicios que solicitaba la Fiscalía a usuarios y acompañantes hace pensar que el importe que tengan que costear Audasa o las arcas públicas no será muy elevado.
