Asturias se pone las pilas y ya busca inversores para la planta de Alu Ibérica en Avilés

La posibilidad de que intervenga el Estado a través de la SEPI o algún otro mecanismo ha sido prácticamente descartada

Decenas de personas con banderas de sindicatos y humo durante una manifestación convocada por varios sindicatos"en defensa del empleo, por un futuro industrial, contra la represión sindical en Alu Ibérica" en la plaza de Ourense de A Coruña. - M. Dylan - Europa Press

Decenas de personas con banderas de sindicatos y humo durante una manifestación convocada por varios sindicatos»en defensa del empleo, por un futuro industrial, contra la represión sindical en Alu Ibérica» en la plaza de Ourense de A Coruña. – M. Dylan – Europa Press

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El Gobierno asturiano y el Ministerio de Industria han anunciado que reactivarán la búsqueda de «posibles inversores o compradores» para la planta de Alu Ibérica en Avilés (antigua Alcoa) con el objetivo de saber si en un futuro es posible mantener la capacidad industrial y los puestos de trabajo.

La posibilidad de intervención del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) u otro mecanismo está prácticamente fuera de juego, según ha señalado el presidente de su comité de empresa, Juan Manuel Gómez de la Uz, tras reunirse con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Condena de la Audiencia Nacional

Alu Ibérica ha sido condenada esta semana por la Audiencia Nacional a cumplir con las condiciones en materia de extinción de contratos y recolocaciones de los trabajadores de las plantas de Avilés y A Coruña que pactó con los sindicatos a raíz de la venta de estas instalaciones a Parter, y que después fueron traspasadas al Grupo Riesgo.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional entiende que «Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores» tras la compraventa, y llega a la conclusión de que la «reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo (…) no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado».

La sentencia se analizará la semana que viene en una reunión a la que asistirán los servicios jurídicos del Ministerio, Principado y Ayuntamiento. Se buscará «interpretar el escenario» que se abre con ese fallo y las vías de acción de futuro que se abren y que pueden llevarse a cabo de forma coordinada en defensa de los trabajadores.

Juan Manuel Gómez de la Uz ha pedido una implicación real de sus gobiernos en la búsqueda de una solución que garantice el futuro y la actividad de la planta asturiana, y ha reconocido que la «situación está muy mal», pero que aún hay tiempo para tratar de buscar una solución.

Economía Digital Galicia

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