Así naufragó la venta de la planta de Alcoa a Liberty
Alcoa estimó que la venta le costaría más de 120 millones; el Gobierno reaccionó tarde y Liberty requería control sobre la alúmina para hacer su inversión
Las negociaciones entre Alcoa y Liberty para la venta de la planta de aluminio de San Cibrao llegaron al fin de semana decisivo con la lengua fuera. Las discrepancias entre la multinacional norteamericana y el grupo británico se arrastraban desde al menos comienzos de septiembre, cuando no se alcanzó un acuerdo sobre las condiciones generales de la venta (term sheet) en el plazo previsto.
Alcoa había ofrecido la venta por un euro, una dotación de 50 millones de dólares para la viabilidad del proyecto y un contrato de suministro de 5 años de alúmina desde la planta adyacente de San Cibrao en condiciones estándar del mercado. Además de los fondos para la continuidad de la factoría y de la asunción de las pérdidas en curso –Alcoa dice que la planta pierde un millón a la semana–, la principal discrepancia radicaba en las garantías sobre la refinería de alúmina, pues Liberty pedía un contrato a 20 años que la multinacional norteamericana consideró totalmente fuera de las prácticas del mercado.
El Gobierno mantiene vivas las negociaciones
Aunque hubo avances sobre estos términos, al fin de semana decisivo se llegó con Alcoa dando por imposible el acuerdo. Esa misma semana, el presidente del grupo en España, Álvaro Dorado, señaló que era “poco realista” pensar en que se alcanzase antes de que venciera el plazo. La implicación del Gobierno mantuvo viva la negociación.
En el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera se vio con entusiasmo el proyecto de aluminio ‘verde’ de Liberty, casi un plan de transición impulsado por un actor privado que garantizaba la continuidad del empleo, inversión en renovables y reducción de las emisiones en la producción industrial. Claro está que la alternativa a este plan no era más que un ERE, así que el Gobierno se implicó a fondo, aunque con poco tiempo por delante.
La recta final del plazo no fue suficiente para hacer cambiar de idea a Alcoa y, por otro lado, el Ministerio de Industria, que planteó la adquisición de la factoría por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), no realizó una propuesta sustancialmente diferente a la de Liberty y mantenía la exigencia de garantías sobre la factoría de alúnima.
Factoría de Alcoa en San Cibrao
Por qué la alúmina es clave
Según fuentes del mercado, Liberty no podía comprometer una gran inversión en A Mariña sin tener garantías sobre el suministro de su propia fábrica pues podría darse el escenario de que Alcoa, como proveedor de materia prima, tuviese control sobre la producción de la planta de aluminio. Además, existe el riesgo de que la propia multinacional venda la refinería a medio plazo, pues las instalaciones ya han entrado en pérdidas.
La negociación estuvo condicionada por la propia dinámica global de Alcoa, que desde hace tiempo está reduciendo su capacidad al entender que hay una sobreproducción en el mercado causada principalmente por las fábricas chinas que está hundiendo los precios del aluminio. Por tanto, razonan las mismas fuentes, ni la factoría de San Cibrao, no hace tanto una de las joyas del grupo, es estratégica para Alcoa ni tiene la urgencia de vender en condiciones que considere desfavorables. Además, insisten, el grupo tiene soluciones para suplir la pérdida de producción en España con aluminio de otras plantas, como las de Arabia Saudí.
La compañía de Álvaro Dorado alegó que la propiedad de la fábrica de alúmina es compartida con Alumina Limited pero rechazó implicar al grupo australiano en la negociación, argumentando que el acuerdo con los trabajadores no afectaba a esta planta, sino a la de aluminio.
Alcoa echa cuentas
El domingo hubo propuestas cruzadas entre el Gobierno y Alcoa. La multinacional estimó que la venta de su factoría le costaría más de 120 millones. Se había comprometido a elevar el fondo para la viabilidad de la factoría hasta los 70 millones de dólares; tendría que reservar un stock de dos meses de alúmina para abastecer a Liberty, valorado en unos 20 millones de dólares; y asumiría los costes de separar la planta de aluminio de la de alúmina, en torno a 50 millones de dólares más.
La obsesión de Alcoa por mantener la independencia de las dos plantas forzaba semejante gasto en lugar de establecer un contrato de servicios compartidos que, aparentemente, resultaría más sencillo y menos costoso.
Un (casi) acuerdo
Con la propuesta del Ministerio de Industria de que la Sepi adquiriera la planta para luego traspasarla a Liberty sobre la mesa, llegó a producirse un principio de acuerdo. Alcoa aceptaría avanzar en la venta si se aplicaba el ERTE en San Cibrao mientras se concertaba la operación. El Gobierno aceptó inicialmente, pero luego rectificó.
Esta solución tenía dos problemas: por un lado, la negativa de los trabajadores a negociar cualquier tipo de ajuste laboral; por otro, que Liberty había condicionado la operación a que las cubas de electolisis se mantuvieran operativas.
Guerra política y laboral
Finalmente, a apenas dos horas de que venciera el plazo acordado para la venta, Alcoa decidió romper las negociaciones, que habían comenzado mes y medios antes tras dos correos de GFG Alliance al presidente de Alcoa, Roy Harvey. La decisión desató una tormenta política y laboral. El Ministerio de Industria reconoció este martes, a través del secretario Raül Blanco, que estudia todas las medidas legales posibles para presionar a Alcoa y evitar que se cierre la factoría. Los trabajadores han anunciado una huelga que detendrá la producción.
En líneas generales, tanto en la Xunta como en el Gobierno central hay cierta perplejidad con la compañía debido a que rechaza vender a un grupo industrial interesado una factoría que pretende cerrar. Alcoa cree que las propuestas que le formulan no son razonables, que ha adquirido compromisos por un elevado imorte economico y que la situación actual tiene causas externas a ella, como el precio de la energía. Liberty, por el momento, espera.
