Navantia indemniza a una pequeña auxiliar a la que hundió con los submarinos que no flotaban
El Supremo zanja una disputa de cinco años entre Navantia y una auxiliar murciana a la que tuvo que indemnizar tras dejarla al borde del cierre por la cancelación de los contratos para los submarinos S-80
Submarino Isaac Peral, un rediseño de los S-80 para corregir los problemas detectados, en el astillero de Navantia en San Fernando/ Navantia
El Tribunal Supremo ha puesto el punto y final a cinco años de disputa judicial entre Navantia y una empresa auxiliar que le reclamaba más de un millón de euros por la cancelación de dos contratos del programa de submarinos S-80. Los sumergibles hubieron de ser rediseñados ya que en su estructura original presentaban un desvío en el balance de pesos que afectaba a su flotabilidad y, en consecuencia, constituía un riesgo de seguridad al limitar la maniobrabilidad y la capacidad para emerger de la nave.
Cuando Navantia, en 2012, toma conciencia del problema y asume que es necesario un rediseño –y 1.500 millones de sobrecoste–, los contratos con la industria auxiliar quedan en el limbo. Esa fue la experiencia, al menos, de Mesursa, empresa ubicada en La Unión, que tenía encargos valorados en 6,6 millones que, primero, se suspendieron en 2013 y, finalmente, se cancelaron en 2016. “El alcance contratado ha devenido impropio e inválido para el nuevo diseño de los submarinos», dijo Navantia a la empresa, que se encargaba de la elaboración y montaje de los conductos de ventilación y la habilitación de los espacios.
Fue esta rescisión unilateral la que llevó a la auxiliar a los tribunales para reclamar los costes en los que había incurrido, básicamente el almacenamiento del material y los laborales, incluido un ERE para parte de la plantilla mientras la actividad estaba paralizada y los posteriores despidos, así como el beneficio industrial no percibido por la obra que restaba por hacer. “Nos han dejado al borde de la ruina”, se quejaba en 2018 el entonces presidente, Pedro Fernández Calderón, en declaraciones a La Verdad.
La apuesta de Navantia y el finiquito de Mesursa
Mesursa ingresó 2,8 millones de los 6,6 en los que estaban valorados sus contratos. Reclamó un millón más en los tribunales, pero la indemnización se quedará en menos de la mitad, 345.000 euros más intereses. Así lo resolvió la Audiencia Provincial de Cartagena en una sentencia de octubre de 2018 y ratificó el Supremo el mes pasado al inadmitir el recurso presentado por la empresa en busca de una compensación más elevada.
Los astilleros públicos deben indemnizar a la empresa con 30.000 euros de gastos por el ERTE, 271.000 euros por el beneficio industrial no percibido, y 44.000 euros por el alquiler de la nave en la que custodiaban el material.
La auxiliar, que apenas ha tenido facturación en los dos últimos años y que ha cambiado de administrador dos veces desde el conflicto, ya trabajó en la habilitación del Scorpene francés, que se fabricó en un consorcio entre Navantia y DCNS hasta la ruptura de la alianza en 2010. Los submarinos S-80, a pesar de sus dificultades iniciales, constituyeron el gran proyecto español para el desarrollo de tecnología propia en esta área. Este mismo año, en mayo, se produjo la botadura del nuevo sumergible Isaac Peral, una vez corregido el sobrepeso de la primera versión.
