Así es la historia de amor y odio entre la Xunta y Naturgy
Pese a las diferencias públicas por el cierre de la central de Meirama, el Gobierno gallego y Naturgy son socios en Sogama, Gas Galicia y Energylab
No todo es lo que parece tras el anunciado cierre de la central térmica de Meirama, que ha vuelto a encender las diferencias entre Francisco Reynés, presidente de Naturgy, su propietaria, y el conselleiro de Economía, Francisco Conde, muy crítico con la decisión. Reynés apela a una galleguidad, la de la antigua Fenosa, que la Xunta no ve por ningún lado.
Esta semana ambos han subido el tono a cuenta de Meirama. Sin embargo, la relación de la Xunta y Fenosa, ahora rebautizada como Naturgy después de haber caído en manos de Gas Natural, es la de un maridaje que se pierde en el tiempo. De los años del difunto Victoriano Reinoso en Unión Fenosa, allá por los noventa, y Manuel Fraga en San Caetano, proviene una estrecha relación.
El Plan Mega de Fraga y Reinoso
En aquellos años, el conocido como Plan Mega (Plan de Mellora Eléctrica de Galicia) se convirtió en punta de lanza de inversiones millonarias finalmente cuestionadas por su efectividad real. Después vendría el negocio añadido de las consultoras, filiales de Fenosa como Norsistemas, Norcontrol y Norconsult. La relación llega hasta hoy.
Sogama, la planta de tratamiento de residuos de Cerceda, es el anclaje más sólido en el tiempo entre la Xunta y Naturgy. De hecho, la Administración gallega controla el 51% del accionariado, por un 49% el grupo eléctrico. Su consejo está integrado por responsables de la Xunta y ejecutivos de Naturgy.
De Sogama a Reganosa
Tradicionalmente, Xunta y Fenosa se repartían, respectivamente, los puestos de presidente y director general de Sogama. Esa tendencia se rompió con el actual primer ejecutivo, Isidro García Téllez, que procede de Ence, y que reporta al presidente de la compañía semipública, Javier Domínguez Lino. Naturgy Renovables y la Xunta nombran, cada una, a cinco miembros del consejo de administración de Sogama.
Reganosa, la planta de gas de Mugardos, ha sido otro nexo de unión. Hasta 2016, cuando Gasifica, filial de Gas Natural, decide vender su participación de más del 20%, obligando al Gobierno gallego y a los Tojeiro a ampliar sus paquetes para retener el control de Reganosa. Sus ejecutivos también han estado vinculados al sector eléctrico.
También en Gas Galicia y Energylab
Otro tanto ha sucedido con Gas Galicia, creada en 1992, inicialmente participada en un 62% por el Grupo Gas Natural, la Xunta, con el 28%, y la extinta Caixa Galicia, con el 10% restante. Tras la desinversión que hereda Abanca en 2016, la empresa energética supera el 68% del capital, mientras que la participación del Gobierno gallego se eleva a casi el 31%. Ángel Bernardo Tahoces, el director xeral de Industria, se sienta en el consejo de administración de Gas Galicia.
Hablar de Energylab es también hacerlo de la Xunta y de Naturgy, sus fundadores. Creado en 2008, se trata de un centro tecnológico de carácter privado y sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de I+D+i desde Vigo, donde está su sede. El presidente de su comité ejecutivo es Manuel Fernández Pellicer, el delegado de Naturgy en Galicia, y el secretario es Tahoces, director xeral de Industria. Su directora corporativa también procede de Unión Fenosa. Sobre Energylab han pivotado gran parte de los planes industriales presentados en su día por Gas Natural Fenosa para lograr megavatios en los concursos eólicos.
Llega el concurso eólico
Y el negocio eólico también ha representado un punto de inflexión en las relaciones entre Xunta y lo que hoy se conoce como Naturgy. En el último concurso de la Xunta, ya con el PP en San Caetano, la entonces Gas Natural Fenosa se convirtió en 2010 en la mayor beneficiaria del reparto de 2.325 megavatios tras anular Núñez Feijóo el realizado por el bipartito año y medio antes.
Fenosa Wind, filial con la que se había presentado al concurso, se llevó 339 megavatios de los 348 solicitados, casi el 15% del total a repartir. Hoy en día Naturgy ejecuta planes eólicos por valor de 200 millones en Galicia, al abrigo de las autorizaciones administrativas de la Xunta.
