Así despidió R a los empleados denunciados por estafa
Al menos uno de los tres trabajadores implicados en la trama con subcontratas llegó a firmar su cese voluntario y después denunció coacciones
Un ataque como mejor defensa, con acusaciones de coacciones y presiones incluidas. Los procesos paralelos que han seguido las denuncias de R frente a tres trabajadores que, presuntamente, habrían montado una trama con dos subcontratistas para facturar por trabajos inexistentes revelan la dinámica interna de la compañía, filial de Euskaltel, y ponen al descubierto cómo se procedió a los despidos. Al menos uno de los tres empleados denunciados por vía penal en el Juzgado de Instrucción Número 7 de A Coruña llegó a firmar un acuerdo de baja voluntaria de R que luego, días después, decidió dejar sin efecto e iniciar la vía laboral en el Juzgado de lo Social número uno de A Coruña por despido.
La denuncia por presunta estafa sigue actualmente en fase de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 7 de A Coruña, con dos empresas también denunciadas: Berdía Telecomunicaciones y Telecomunicaciones Digitales Noroeste SL (Tedinor). R, consultada al respecto por Economía Digital, declina realizar valoraciones sobre el caso. Otro curso bien distinto es el que siguieron los procesos laborales que iniciaron los trabajadores, que han trazado diferentes rumbos, con sentencias de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Entre ceses voluntarios y despidos
Una de las sentencias que da la razón a R frente a uno de sus trabajadores despedidos deja claro, como hechos probados, que a mediados de 2016, tras destaparse la presunta trama, el director de la Asesoría Jurídica y el de Recursos Humanos de R mantuvieron una reunión con dicho empleado en la que «suscribieron un acuerdo por el cual el actor (el trabajador) manifiesta su voluntad de cesar voluntariamente en la compañía».
Días después, el empleado remitió burofax a R, «por el cual manifestaba su intención de dejar sin efecto la firma del documento», para iniciar un proceso de incapacidad temporal por ansiedad que acabó con despido y sin acuerdo en el acto de conciliación con la empresa. De ahí, al juzgado.
Denuncia de coacciones y presiones
En su sentencia, la Sala de lo Social del TSXG rebate las tesis del trabajador despedido, que no dudó en denunciar que «a la misma hora en que se producían los hechos relatados sus compañeros eran sometidos a una situación similar y en la que, igualmente, tras sufrir presiones, coacciones y amenazas, fueron obligados a firmar su baja voluntaria en la empresa». La Sala recuerda en su sentencia que uno de los compañeros despedidos desistió de la demanda presentada frente a R y el otro vio rechazada su demanda por sentencia de otro juzgado de A Coruña, que alcanzó firmeza.
El TSXG considera que «la suscripción del citado documento (acuerdo de baja voluntaria firmado) se llevó a cabo con inteligencia, voluntad y sin coacción, y que no consta acreditado que se suscribiese sometido a una situación de presión o que se obnubilase o deteriorase la voluntad del trabajador», por lo que no prosperaron sus alegaciones. En el proceso se llegaron a presentar grabaciones de audio y vídeo, que el tribunal consideró que no tenían naturaleza de prueba documental.
