Arias y el Concello de A Coruña acaban en el juzgado por la reforma de Riazor

Guerra entre Arias Infraestructuras y el Concello de A Coruña. Empresa y ayuntamiento han acabado en los tribunales tras sus desavenencias a cuenta de las obras para la reforma en la cubierta del estadio de Riazor, que fueron finalizadas en 2018.

Ambas entidades han cruzado sendos recursos de apelación ante los cuales el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no ha satisfecho a ninguna de las partes. Y es que una sentencia dictada por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del tribunal desestima los recursos presentados tanto por la constructora coruñesa como por el propio consistorio herculino.

El TSXG valida así el planteamiento de primera instancia. No en vano, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña dictó una sentencia en diciembre de 2022 en el que reconocía el derecho de Arias Infraestructuras a cobrar 158.737 euros por «los daños y perjuicios que se le han venido ocasionando con motivo de la ejecución del contrato de obras». También daba luz verde al cobro de 3.323 euros por los retrasos en el pago de las certificaciones de obra, unas cantidades todas ellas que debían ser abonadas por el Concello de A Coruña.

Guerra de cifras

Estas cifras se quedaban lejos de las pretensiones de Arias Infraestructuras. La compañía reclamó en los tribunales (antes de afrontar su liquidación y su compra por parte de Francisco Gómez y Cia) la devolución de 399.151 euros en concepto de daños y 88.387 euros por los intereses de demora. Además, la constructora reclamaba también la devolución del aval de garantía.

Por su parte, desde el consistorio que ahora capitanea Inés Rey (la reforma del estadio municipal se adjudicó durante el mandato de Xulio Ferreiro) impugnó el reconocimiento del juzgado de primera instancia de la indemnización de 158.737 euros para Arias Infraestructuras. A su juicio, el informe elaborado a petición del supervisor municipal que abrió la puerta a esta sanción «no fue elaborado ni reconocido por técnicos del Ayuntamiento sino redactado por la empresa TEMHA adjudicataria de la dirección facultativa».

Es por ello que, según recoge la sentencia dictada por la magistrada Cristina María Paz Eiroa, el Concello de A Coruña consideraba que «s»us manifestaciones no pueden considerarse un reconocimiento de responsabilidad por el Ayuntamiento». A juicio del consistorio, este informe «se extralimita al atribuirle de responsabilidad por un retraso de 15,5 días respecto al ofertado toda vez que no le es imputable, este retraso ni otro, porque el inicio de la ejecución estuvo condicionado por la aprobación del proyecto, que se llevó a cabo dentro de los plazos del pliego; y porque
no le vinculaba el plazo de ejecución ofertado, exageradamente optimista y poco realista, sino el legal, al que se ajustó sin interrupciones injustificadas».

Además, el Concello de A Coruña considera que Arias Infraestructuras «retrasó la presentación del proyecto hasta el límite máximo de tres meses (marzo de 2018) y el proyecto era defectuoso y fue informado desfavorablemente«. Es por ello que no lo presentó hasta el 20 de abril de 2018 y faltaba su aprobación y formalización del contrato, retraso de cuya posibilidad ya advertía la cláusula 5 PCAP caso de existencia de «reserva fundada» que impidiese su comienzo».

Sin embargo, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del TSXG considera que el «plazo de ejecución ofertado» por parte del consistorio era «exageradamente optimista y poco realista». También tumba los cálculos de Arias sobre la indemnización a cobrar, al entender que esta tarea es función del juez después de haber practicado una pericial y considera que los argumentos de la constructora coruñesa no rebaten la sentencia de primera instancia en lo referente a los retrasos.

Así, la sentencia apunta que «el plazo real de la ejecución se dilató cinco meses debido a suspensiones por necesidades deportivas del estadio, ejecución del proyecto modificado y retrasos en la ejecución de elementos estructurales, cerramientos de fachadas laterales y patio exterior». La magistrada también pone de relieve «la indefinición del proyecto» en lo relativo a «la previsión de celebración de partidos y calendario concreto con su modificación». Sobre este punto señala «en el aumento de plazo asociado a la modificación del proyecto ya se preveía la celebración de los partidos y el calendario concreto de los mismos».

Cuatro meses de retrasos

La sentencia se refiere a los encuentros de Segunda División que el Real Club Deportivo de La Coruña disputó ante el Sporting de Gijón y el Granada en el estadio municipal de Riazor con las obras aún por completar. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) estableció que el conjunto herculino disputase los tres primeros partidos de liga fuera de su estadio para poder regresar en la cuarta jornada con la reforma de la cubierta ya completada.

Sin embargo, los retrasos que han desembocado en esta guerra judicial entre Arias Infraestructuras y el Concello de A Coruña provocaron que el estadio no llegase al 100% de su capacidad para entonces, forzando la reubicación de decenas de miles de aficionados en otros puntos del estadio. El importe de estas obras para la modernización del estadio ascendió a los 7,2 millones de euros, un millón menos de lo que se preveía en un inicio. El calendario del proyecto contemplaba que las obras se ejecutasen entre mayo y agosto de 2018, si bien estas finalmente se extendieron hasta el mes de diciembre de ese año.