Arias Infraestructuras recibió ocho créditos ICO antes de entrar en concurso
La constructora de A Coruña cerró 2021 con una deuda de 18,5 millones; la Xunta tiene atrapados 660.000 euros en el concurso
Mario Barcenilla (derecha) y Antonio Aranzadi, presidente y vicepresidente de Arias Infraestructuras / Arias Infraestructuras
Arias Infraestructuras cerró el ejercicio de 2021 con 4,7 millones en pérdidas y un agujero patrimonial de 3,8 millones, lo que se conoce como una situación de quiebra técnica. La constructora de A Coruña, responsable de la nueva cubierta del estadio Abanca Riazor, facturó 21,2 millones, acorde con las previsiones que tenía la empresa para el cierre de año. Sin embargo, los números rojos excedieron con mucho las estimaciones, que los situaban en el millón de euros.
No fue este desvío, ni tampoco el patrimonio neto negativo, lo que precipitó la suspensión de pagos, sino la resolución de Hacienda del 31 de enero de este año en la que revocaba la calificación de Arias como contratista de obra pública por motivos de solvencia. La Junta Consultiva de Contratación Pública rechazó computar los préstamos participativos vivos de su balance, 2,1 millones, como parte del patrimonio y cerró la puerta a cualquier contratación con las administraciones. Apenas un mes después, el 3 de marzo, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña declaraba el concurso voluntario de la antigua Arias Hermanos.
Abeirar, Xesgalicia y créditos ICO
A cierre de ejercicio, la constructora que dirigían Mario Barcenilla y Antonio Arazandi presentaba una deuda de 18,5 millones, de los cuales, 9,1 millones correspondían a acreedores comerciales (proveedores, plantilla, anticipos…) y 7,6 millones con entidades de crédito. La Xunta tenía atrapados 666.000 euros de un préstamo participativo otorgado por Xesgalicia y cuyas dos últimas cuotas permanecían impagadas. El resto de los créditos participativos procedían de Abeirar, el grupo del fallecido Ildefonso Rodríguez, anterior propietario de Arias Infraestructuras.
A engordar el pasivo contribuyeron ocho préstamos ICO que la empresa obtuvo para ganar liquidez durante la crisis sanitaria del Covid. Liberbank, Abanca, Sabadell, Caixabank, BBVA, Bankia, Santander y Banco Caminos canalizaron los créditos, que ascendieron a 2,47 millones. Estas inyecciones, explica la constructora en su informe de gestión, junto a la firma de pólizas de crédito contribuyeron a revertir el fondo de maniobra negativo que mantenía en 2019 y que ascendía a 6,5 millones. Dicho de otra manera, permitieron no tener que recurrir a una financiación más cara.
Arias Infraestructuras pide una quita a la deuda
La delicada salud con la que llegó Arias Infraestructuras a final de año se reflejó en un ebitda negativo de 1,3 millones, penalizado con fuerza por el incremento del coste de las materias primas y la energía, así como la ausencia de una cláusula de revisión de precios en los contratos. «Este desequilibrio ha supuesto un grave problema de cara a defender los resultados previstos para 2021 y, aunque ya se trató la cuestión con los distintos clientes a nivel particular, la realidad es que es un asunto que debería solucionarse al más alto nivel político con la participación de los representantes del sector de la construcción: a día de hoy no tenemos ninguna respuesta práctica», se lamentaba la empresa en su informe de gestión.
El aspecto más positivo del balance quizá sean los 32,7 millones de obras en cartera que mantenía al cierre del ejercicio, un 31% de obra propia y el resto en alianza con otras contratistas. «Es importante resaltar el elevado porcentaje de obra en UTE en la cartera y lo que ello supone para Arias, en el sentido de que al tener estas un funcionamiento financiero independiente del resto de la cartera, no contribuyen a la tesorería recurrente de la compañía», señalaba la constructora.
Arias ha presentado el pasado 6 de junio un plan de viabilidad acompañado de una propuesta de convenio con los acreedores cuyos términos no detalla. Sí que indica que se trata de «una propuesta de quitas y esperas», es decir, pretende que los acreedores renuncien a una parte de la deuda y que admitan periodos de carencia en la amortización de la restante. «Con la esperada aprobación del convenio con sus acreedores en sede concursal, la sociedad
espera volver a equilibrar su patrimonio y recuperar la clasificación económica necesaria para volver a poder contratar en el sector público», concluye la empresa.
