Arcelor y Fitch ponen en duda la liquidez de Liberty, el candidato a comprar Alcoa
La insolvencia del principal financiador del grupo, Greensill, asusta a proveedores y analistas y complica el aterrizaje de Liberty en San Cibrao
La esperanza de que Liberty dé una nueva vida a la planta de Alcoa en San Cibrao se cruza con el temor de que GFG Alliance, el grupo de Sanjeev Gupta, sea un gigante con los pies de barro. La incertidumbre en torno a la compañía se disparó desde que la pasada semana se declaró en insolvencia su principal financiador, Greensill, una financiera británica. Desde entonces Gupta maniobra para asegurar la liquidez del grupo, inmerso en los últimos años en una cascada de adquisiciones que elevaron su deuda. Según Financial Times, la deuda con Greensill ronda los 5.000 millones de dólares.
En este escenario, y con PJT Partners y Alvarez & Marsal asesorando a Gupta para conseguir financiadores, los analistas han advertido sobre la incertidumbre respecto a la solvencia del grupo que quiere comprar la planta de Alcoa. El último en hacerlo ha sido Fitch. La agencia de calificación ha rebajado el rating de una de las filiales del conglomerado del acero, la australiana Infrabuild, a BB-. La nota sitúa a la empresa de GFG en el nivel de la inversión especulativa y con elevado riesgo de impago.
“Refleja la creciente incertidumbre por los problemas de financiación que enfrenta GFG Alliance«, apuntó Fitch en su comunicado. Añadió que estas dificultades del grupo “podrían tener un efecto de contagio en sus diversas empresas, incluidas la acería Whyalla e InfraBuild, y pueden aumentar la presión sobre la liquidez de InfraBuild e interrumpir el suministro oportuno de acero estructural”.
La filial australiana tiene algunas fortalezas que destaca la agencia, como ser “el único fabricante de productos de acero largo”, lo que facilitaría “cierto apoyo de proveedores y clientes para operar sin cambios perjudiciales en los contratos existentes”. Además, concede que los créditos y garantías de la empresa otorgan una buena cobertura a los prestadores. Sin embargo, no tiene dudas de que “GFG Alliance se ha visto afectada por el colapso de Greensill”.
ArcelorMittal toma precauciones con Gupta
Algo similar debe pensar ArcelorMittal, uno de los grandes proveedores del grupo. La compañía, informó Bloomberg, cambiará las condiciones de pago para el envío de material a las plantas de acabado de GFG para exigir efectivo por adelantado. Esta demanda tensionará todavía más la caja del conglomerado, del que dependen unos 35.000 puestos de trabajo.
Según Bloomberg, tanto ArcelorMittal como GFG Alliance están trabajando para dar continuidad a su relación, después de la interrupción durante un breve periodo de tiempo del suministro. Hay que tener en cuenta que Greensill dijo que GFG había comenzado a incumplir sus compromisos de deuda y que el propio Gupta afirmó que buscaría suspender la devolución de los 5.000 millones pendientes de amortizar con la financiera británica. Ninguna de las dos cosas ayuda a la confianza de analistas y proveedores.
Por el momento, el grupo está operando de manera intermitente en parte de sus centros de producción y minimizando la salida de recursos mientras busca vías de financiación. Esto incluye, publicó The Guardian, la salida temporal de 180 trabajadores de la planta de Liberty en Rhoterdam durante un mes aprovechando los mecanismos de apoyo a las empresas por el coronavirus.
La venta de Alcoa San Cibrao
Los problemas del grupo de Liberty se producen justo cuando más dispuesta a vender la planta de San Cibrao, la última de aluminio primario de España, parece Alcoa. La multinacional norteamericana negocia una operación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el traspaso, para que luego sea esta la que revenda las instalaciones a Liberty. Ambas compañías negociaron el año pasado, pero no llegaron a un acuerdo.
Al obstáculo derivado de la quiebra de Greensill se suma la operación judicial sobre la directiva de Alu Ibérica, las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. La SEPI trató de meterlas también en la operación de compra, pero el proceso judicial que pilota la Audiencia Nacional hace un poco más difícil el objetivo.
