Aplazado el juicio por el fraude millonario en la patronal gallega
La Audiencia Provincial suspende el juicio por fraude en las subvenciones de la Confederación de Empresarios de Galicia al traspapelarse miles de folios
Hay juicios que tardan una vida. Incluso más que los 16 años que pasaron desde que se hundió el petrolero Prestige hasta que el Tribunal Supremo emitió la sentencia definitiva. Uno de ellos está pendiente en la Audiencia Provincial de A Coruña y erosiona un poco más la deteriorada imagen de la Confederación de Empresarios de Galicia, envuelta en una batalla interna que la mantiene sin presidente desde la dimisión de Antón Arias, en enero de 2018.
Los hechos ocurrieron hace 20 años, durante la etapa del ya fallecido Antonio Ramilo al frente de la patronal gallega. La causa investiga un supuesto fraude en subvenciones vinculadas a los cursos de formación que impartían las patronales. El principal acusado es Rafael Sánchez Sostre, entonces secretario de la Confederación de Empresarios y hombre de confianza de Ramilo, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una multa de 2 millones de euros. El desfalco alcanzó los 6,3 millones, según una auditoría interna realizada en la CEG en el año 2.000.
«Me voy a jubilar antes de que se termine»
La sección sexta de la Audiencia Provincial abría este martes, pasadas dos décadas, el juicio en su sede de Santiago, pero ha tenido que aplazarlo al alegar las defensas indefensión por no poder acceder a miles de folios. Argumentaron que no habían tenido acceso a 21 tomos de la causa, entre 6.000 y 9.000 folios.
El presidente de la Sala, Ángel Pantín, advirtió que el proceso no podrá retomarse hasta, por lo menos, febrero de 2020, pues no hay huecos en la agenda para que pueda celebrarse el juicio. El juez acabó pidiendo “perdón” ante tanta demora en el cierre de su intervención.
“Me voy a jubilar antes de que se termine”, afirmó el abogado del principal acusado, el exsecretario Rafael Sánchez Sostre. Empezó en la causa con 40 años y tiene ahora 59.
La Fiscalía argumentó que la documentación no fue incorporada formalmente a la causa por “una problemática del día a día” en el funcionamiento del juzgado de instrucción al «traspapelarse», si bien sostiene que «todas las partes» han tenido conocimiento de ella. La Sala, sin embargo, decidió aplazar el juicio atendiendo a la petición de las defensas.
