La concesionaria de la AP-9 acusa a la Xunta de impagos de 19 millones por peajes en sombra
Audasa ha presentado dos contenciosos y un requerimiento para reclamar a la Xunta los pagos por el peaje en sombra Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala de los últimos tres años
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez / Europa Press
La concesionaria de la AP-9 ha exigido a la Xunta el pago de 19,2 millones por los peajes en sombra en dos tramos de la autopista, los que discurren entre Vigo y O Morrazo y entre A Coruña y A Barcala. Esos peajes fueron liberados en el año 2006 merced a un acuerdo entre la Xunta, presidida entonces por Emilio Pérez Touriño, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A cambio, Audasa, la filial de Itínere que explota la autopista, recibía una compensación por el dinero que dejaba de ingresar costeada a medias por ambos ejecutivos.
Es esa compensación la que la concesionaria reclama ahora a la Xunta, pues están pendientes de abonar los ejercicios 2020, 2021 y 2022. En el caso de los dos primeros, Audasa ha presentado demandas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Santiago en abril del año pasado por incumplimiento de aquel acuerdo, plasmado en el Real Decreto 633/2006. Por el ejercicio de 2020 le correspondería recibir, según sus cálculos, 5,78 millones, a los que se suman otros 6,53 millones por el año 2021, y en ambos casos, los intereses de demora correspondientes.
Para el cierre del año 2022, la concesionaria explica en su informe de resultados del primer semestre que «las cantidades adeudadas han sido reclamadas a la Xunta de Galicia mediante requerimiento efectuado el pasado 1 de febrero de 2023». La compensación a abonar a Audasa ascendería a 6,96 millones.
Peajes en el juzgado
Los peajes en sombra que exige la concesionaria se modificaron en el año 2017, con Alberto Núñez Feijóo en la Xunta e Íñigo de la Serna como Ministro de Fomento. Mediante un real decreto, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció un nuevo cálculo para las compensaciones que debía recibir la compañía por la gratuidad de esos tramos. En la práctica, se redujo la partida que recibía Audasa a la mitad bajo la premisa de que estaba obteniendo un enriquecimiento injustificado debido al incremento de tráficos que provocaba la liberación de los peajes en ambos recorridos. Feijóo promocionó aquella medida como un éxito ya que, una vez recortada a la mitad la compensación, el Estado asumió la otra mitad, lo que ya pagaba en virtud del decreto de 2006, y liberó a la Xunta de su parte de la carga.
Sin embargo, la concesionaria recurrió el nuevo cálculo a los juzgados y, en febrero de 2020, el Supremo anuló el real decreto. Desde esa fecha, a juicio de la empresa, debería aplicarse la contraprestación pactada en el año 2006, que pasó a reclamarle, en la parte que le corresponde, a la Xunta. El Gobierno gallego, por su parte, también mantiene litigios con el Ministerio de Transportes para determinar quién debe hacerse cargo ahora de esas compensaciones. La postura de la Xunta hasta ahora ha defendido que el anterior real decreto dejó de operar en el año 2017 y que es responsabilidad del Estado recalcular y asumir los pagos a Audasa.
