Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining, comprueba el resultado de un sondeo realizado en una finca particular dentro del recinto de Touro
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la autorización ambiental integrada otorgada por el Gobierno de Susana Díaz al complejo minero de Riotinto (Huelva), la única explotación que tiene en curso Atalaya Mining, la compañía que tramita la reapertura de la mina de Touro.
La Sala de lo Contencioso Administrativo estimó la demanda presentada por Ecologistas en Acción y resolvió que se cometieron errores de forma en la tramitación de la autorización. En concreto, el tribunal entiende que se vulneraron las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana al no llevar a información pública una serie de documentos presentados por la minera sobre el impacto ambiental de la explotación.
En concreto, se trata de documentación sobre suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales y estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000, considerados “imprescindibles” para la tramitación del expediente.
Atalaya y Susana Díaz llevarán el caso al Supremo
Tras conocer la sentencia, Atalaya Mining recalcó que, desde su perspectiva, no tiene “ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía”. “Es más la sentencia descarta la nulidad de pleno derecho”, asegura.
La minera afirma que “en ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales que está desarrollando en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes”. La explotación emplea a unos 360 trabajadores y genera otros 650 empleos en contratas, según recordó Atalaya en un comunicado. “Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a trabajadores, socios, contratistas y ciudadanía en general, poniendo de manifiesto que Riotinto está en buenas manos”, dice la empresa, dirigida por el gallego Albert Lavandeira.
La Junta de Andalucía manifestó su intención de presentar recurso de casación contra la sentencia, mientras que Atalaya dijo que está estudiando el fallo para tomar las medidas legales oportunas.
