Antonio Fontenla, presidente de la patronal coruñesa, ante la jueza por estafa y alzamiento de bienes
La acusación particular pide cuatros de cárcel para el presidente de la CEC y otros dos empresarios por dos presuntos delitos con una operación inmobiliaria orquestada en Culleredo hace más de 20 años
Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña / EP
Cita de Antonio Fontenla con los tribunales. El promotor y presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) ha comparecido este lunes en el Juzgado de lo Penal Número 4 de A Coruña. Al empresario se le acusa, junto al constructor Manuel Gómez Landeira y el empresario Dositeo Rodríguez Gómez de un presunto delito de alzamiento de bienes y estafa impropia en una operación inmobiliaria en Vilaboa, en el Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña).
La acusación particular solicita cuatro años de prisión para cada uno de ellos por la comisión de estos delitos, mientras que las defensas de los tres acusados han pedido la libre absolución de sus clientes y que los delitos se declarasen prescritos. Esta última petición ha sido rechazada por la jueza, según ha precisado el letrado que representa a los denunciantes, Manuel Ferreiro.
En la sala se han resuelto cuestiones previas y se ha aportado documentación que debe ser revisada por Fiscalía y acusaciones. Por ello, el juicio ha sido suspendido hasta el próximo viernes día 17 de junio.
Cronología del caso
Los hechos que se les imputan a los procesados se remontan a los años 1999 y 2000 cuando 21 familias permutaron sus fincas, «sin ninguna garantía», a la empresa de Gómez Landeira por pisos que nunca se llegaron a construir, según ha explicado el abogado de la acusación.
En el año 2009, momento en que las víctimas empezaron a dar pasos para recuperar sus propiedades, Landeira obtuvo un crédito de un millón de euros de Antonio Fontenla, con la condición de devolverlo. Sin embargo, pasado el tiempo, el constructor no devolvió el dinero y se produjo un embargo, por el cual Fontenla se convirtió en propietario de los terrenos que los vecinos habían permutado por obra futura con Landeira, pues los había utilizado como garantía de préstamo, de acuerdo con lo expuesto por el letrado.
Es por ello que los afectados decidieron acudir a los tribunales por la vía civil en el año 2011 alegando una presunta estafa en la que se les reconoció el derecho a una indemnización de 120.000 euros por cabeza. Esta sentencia de devolución no se ha podido ejecutar hasta el momento porque el empresario Manuel Gómez Landeira se declara insolvente.
Más de dos décadas después, las familias afectadas no tienen ni los pisos ni la compensación económica. Por este motivo, dos de ellas han recurrido a la vía penal para solucionar el conflicto. Tras varios aplazamientos y una pandemia, la vista será el próximo viernes día 17 de junio.
