Anticorrupción afloja en el ‘caso PwC’
La fiscal retira las acusaciones a 12 socios de la consultora y rebaja el volumen presuntamente defraudado a 22 de ellos; se discute cómo se declararon 21 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción ha dado marcha atrás en el caso que investiga a 55 ex socios de PwC en España por presunto fraude fiscal. Este lunes ha retirado las acusaciones que pesaban sobre 12 de ellos y además ha rebajado los importes puestos en duda a otros 22. El juicio oral debía iniciarse en la Audiencia Nacional, pero el juez ha suspendido temporalmente la vista a petición de la defensa.
Las acusaciones hacían referencia a un supuesto fraude con origen en un pago de 21 millones de euros percibido en 2002 bajo el código «chairman bonus». Según las tesis de la acusación, el importe, que percibieron los socios implicados en el proceso, se debería haber declarado como rendimiento del trabajo y no como incremento patrimonial, con una fiscalidad menor. El volumen se amasó tras la venta de la división PwC Consulting a IBM.
Origen del caso
La reestructuración que se investiga en España se llevó a cabo en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, la fiscal anticorrupción consideraba hasta hoy que la operación fue ficticia. PwC defiende que la arquitectura empresarial que surgió de aquella venta «sigue vigente hoy en día». La consultora, una de las big four, ha defendido estos años con insistencia que las «acusaciones no tienen fundamento alguno».
Los antiguos socios de PwC en España recibieron los 21 millones de euros como compensación adicional por la pérdida de valor que hubiera supuesto el traspaso sin más a IBM de la unidad local de consultoría de sistemas. En la sede global del grupo negociaron con los españoles al margen del resto de países porque el activo a traspasar era unos de los más boyantes de la red.
PwC funciona como una empresa franquiciada: los socios pagan un canon a la matriz estadounidense a cambio del uso de la marca y otros servicios globales, pero tienen plena autonomía y un balance segregado. Esta división obligaba a negociar individualmente para vender a IBM el negocio español de consultoría de sistemas. En este punto, surgen las discrepancias ya que los socios no consideran la contraprestación como una consecuencia directa de su trabajo, sino la venta de patrimonio con plusvalías.
Denuncias de un ex socio
Una vez ejecutada la operación, Hacienda durmió el sueño de los justos durante cuatro años hasta que un ex socio de PwC, Román Luquín, interpuso una reclamación en la hacienda foral de Vizcaya (único organismo competente en España para inspeccionar la firma). A pesar de que el ente no halló indicios de delito, Anticorrupción se activó en 2008 tras recibir una denuncia anónima –cuya autoría se atribuye a Luquín por varios ex compañeros—.
De los 55 integrantes de PwC, sólo cuatro permanecen en activo. El resto está retirado.
