Anticorrupción abre causa general contra la auditoría española al pedir juicio para 61 socios de PwC
El fiscal solicita las penas más elevadas para el ex presidente de la firma, Miguel Fernández de Pinedo, y para el responsable de la división tributaria por defraudar a Hacienda más de 40 millones
La Fiscalía Anticorrupción quiere que 61 socios de la auditora PriceWaterHouseCoopers (PwC) acaben frente al juez para responder por presuntos delitos fiscales. La suma defraudada superaría los 40 millones de euros. La compañía de origen estadounidense niega las acusaciones y asegura que “ninguno de los argumentos se corresponden con la realidad”.
Las penas más elevadas se piden para el ex presidente de la firma, Miguel Fernández de Pinedo, y para el responsable del departamento fiscal, César Rodríguez Ramos. Ambos afrontarían hasta 14 años de cárcel. José María Tajadura Garrido –entonces administrador solidario de PWC Consulting y responsable de operaciones en España– encara la misma solicitud.
Sanciones conjuntas
Se añadirían multas conjuntas, para los tres ejecutivos, de 102 millones de euros. La acción del fiscal se completa con la acusación a otros 58 abogados y consultores de PwC de defraudar a Hacienda en cantidades menores. La investigación se inició en 2008.
En el escrito registrado en la Audiencia Nacional este martes, el fiscal se dirige también contra las sociedades PwC SL, PwC Auditores, PwC Jurídico y Fiscal, PwC Asesores de Negocios e IBM Global Services España, ésta como sucesora de PwC Consulting. Son las responsables civiles subsidiarias de los supuestos delitos cometidos en 2002 y derivados de la venta de esta última división a IBM.
El presunto delito
Todo apunta a que los socios de PwC no declararon a Hacienda la percepción global de 20,9 millones en concepto de bonus que recibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la auditora. Anticorrupción añade que también omitieron constatar en la declaración de IRPF que las cantidades eran rentas de trabajo. Las incluyeron como parte del precio de venta de la división de consultoría a IBM. La tributación final fue muy inferior a la que hubiera correspondido, según las sospechas.
El fiscal ha logrado documentar que la fecha en la que los socios recibieron los complementos salariales fue anterior a la operación corporativa. “Negamos rotundamente las acusaciones que se nos imputan”, asegura PwC.
La vía del recurso
“La reestructuración societaria no fue una operación ficticia, como sostiene el fiscal, con el objetivo único de eludir impuestos sino que fue una operación real”. La Hacienda Foral de Vizcaya, que estaba personada en el proceso, ya ha avanzado que no formulará ninguna acusación.
A pesar de la firmeza con la que PwC se defiende, fuentes próximas a la Audiencia Nacional aseguran que su estrategia legal persigue la prescripción de los delitos. De hecho, ha anunciado “recurriremos la opinión del fiscal ante los órganos judiciales competentes”.
Derivas inciertas
La acusación contra PwC arroja más dudas sobre el sector, que atraviesa una crisis reputacional con derivas inciertas. Las quiebras de Bankia y Pescanova, que hasta horas antes de reconocer sus problemas recibían los avales de los auditores –en estos casos, Deloitte— se suman a los procesos judiciales contra despachos de supuesto prestigio.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto la causa contra el famoso abogado Emilio Cuatrecasas por un presunto fraude fiscal de casi 3,3 millones en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.
