Alcoa inicia el pago de las indemnizaciones a los extrabajadores de Alu Ibérica
El comité confirma que en los próximos días se prevé que las indemnizaciones, de 60 días por año trabajado, lleguen al 100% de los afectados y recuerdan que aún queda pendiente la recolocación de las plantillas de Avilés y A Coruña en otros proyectos
Un grupo de personas protesta con una pancarta durante una concentración frente a la fábrica de Alu Ibérica, a 14 de marzo de 2023, en A Coruña, Galicia (España). M. Dylan – Europa Press – Archivo
Los antiguos trabajadores de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés han empezado a cobrar este jueves las indemnizaciones pactadas. A principios de julio el Tribunal Supremo desestimó la impugnación de 17 empleados sobre el acuerdo transaccional firmado en octubre de 2022 entre empresas y sindicatos.
Así lo confirma el comité, que detalla que en los próximos días se prevé que las indemnizaciones –60 días por año trabajado, más otros 10.000 euros– lleguen al 100% de los afectados. Este cobro implica cerrar «una parte de la lucha» iniciada en octubre de 2018, cuando Alcoa planteó un ERE de extinción.
Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2022, cuatro años más tarde, que se ejecutó un ERE concursal, lo que les permitió cobrar salarios, sumar cotizaciones y llevar a la multinacional a los juzgados.
«Gran victoria»
«Sin duda esta es una gran victoria sobre una gran multinacional. Pero también es una victoria agridulce, pues nuestra lucha siempre fue defender seguir fabricando aluminio en la planta de A Grela», expresa el comité, que no esconde su «impotencia» porque se trata de un metal «tan importante para la economía circular».
Así a todo, los representantes de los trabajadores advierten que «esto todavía no ha acabado», porque falta «hacer cumplir las promesas de las administraciones» para la recolocación de las plantillas en otros proyectos industriales.
Desde Alcoa recuerdan que “ dejó de ser empleadora cuando vendió las plantas a Parter en julio de 2019, en un proceso avalado por el Gobierno español y respaldado por los representantes de los trabajadores”. También señalan que la compañía “siempre cumplió con sus compromisos, actuó con total transparencia y de conformidad con la legislación española en el proceso de venta”. “Sin embargo, las acciones de los posteriores propietarios han tenido un impacto negativo en los ex empleados de Alcoa que permanecieron en las plantas, lo que ha resultado en varios procedimientos judiciales cuya resolución acordaron todas las partes”, exponen.
