Alu Ibérica, entre el ultimátum de Alcoa y la fuga de clientes
El jueves expira el ultimátum que Alcoa ha dado a Parter, mientras la plantilla detecta "problemas" con proveedores y clientes con el desembarco de Riesgo
Alu Ibérica se asoma a su semana más decisiva. Este jueves 28 de mayo está marcado en rojo en el calendario. Es la fecha que Alcoa ha marcado como tope a Parter para que notifique si cumplirá con los compromisos pactados en el acuerdo de la compra de las plantas alcanzado el pasado verano, despejando así la incógnita sobre quién será el titular de las plantas de A Coruña y Avilés, cuya gestión recae, en estos momentos, sobre el nuevo comprador: el Grupo Industrial Riesgo.
Pero en medio de la disputa sobre la propiedad de Alu Ibérica emergen también otros debates que giran en torno a las inversiones y el nivel de actividad en factorías como la de A Coruña. El comité de empresa de la planta gallega elevó este viernes una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que analice los “incumplimientos” que, a su juicio, se vienen en materia de inversión y formación. Los sindicatos aseguran que esta situación, unida a la “falta de trabajo efectivo” añade un grado más de presión sobre la planta de A Coruña, en la que ya detectan “problemas” con proveedores y clientes.
Inversiones y clientes
“Los inventarios de materias primas están en su mínima expresión”, apuntan fuentes sindicales, que denuncian que “los cobertizos de recorte de aluminio están vacíos” y recalcan que si bien la plantilla percibe los salarios al día, la situación cambia en los proveedores, donde sí detectan que algunos “no están cobrando puntualmente”. Además, recalcan que Riesgo está echando mano de otras empresas del grupo tanto para suplir a algunos proveedores como para ocupar el vacío dejado por algunos clientes que, según aseguran, habrían dejado de realizar encargos a la factoría coruñesa.
Es por ello que desde el comité de empresa, aunque abren la puerta a una hipotética nueva búsqueda de comprador en un futuro, abogan por que la Xunta de Galicia y el Gobierno central nombren de manera inmediata a unos administadores que se encarguen de tutelar el cumplimiento de los compromisos en materia de inversión, que, a su juicio, Parter no llevó a cabo. “Hay 20 millones de euros en inversiones que ya tenían que estar ejecutadas, pero en estos nueve meses Parter no ha hecho nada y eso es algo que tiene que ser fiscalizado”, denuncian fuentes sindicales, que piden que las ayudas garantizadas por Alcoa puedan ser desbloqueadas y lleguen a las factorías.
Y es que la multinacional americana ha decidido que los pagos periódicos que se había comprometido a abonar a Parter para garantizar el mantenimiento de la actividad sean destinados ahora a un “depósito notarial”, del que no se retirarán hasta que no se clarifique el proceso de reventa de Alu Ibérica de Parter al Grupo Industrial Riesgo.
Reuniones y movilizaciones
Con las inversiones congeladas y el debate abierto sobre la propiedad de Alu Ibérica, los sindicatos piden que el Gobierno central y la Xunta de Galicia tomen cartas en el asunto y abren la puerta incluso a que realicen una inversión para hacerse con porcentaje minoritario de su accionariado, una postura compartida por el propio presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que ha asegurado que es viable “una intervención pública”. “El Ministerio de Industria debe dejar de mirar para otro lado y convocar una reunión”, aseguran desde el comité de empresa, que este martes mantendrá una reunión con la Xunta de Galicia para buscar posibles alternativas a la situación actual.
El encuentro con el Ejecutivo autonómico se producirá dos días antes de la primera movilización de los trabajadores de Alu Ibérica desde el estallido de la pandemia por el coronavirus. Los empleados de la compañía están llamados a participar este jueves en una caravana de vehículos por A Coruña, que saldrá de la planta de A Grela a las 11.30 para pasar por delante de la Delegación del Gobierno y la Subdelegación del Gobierno y exigir así un papel más activo por parte del Gobierno central, que fue el encargado de tutelar el proceso de venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter Capital el año pasado.
