Alu Ibérica: el administrador judicial reclama a Alcoa los impagos a la plantilla
Ramón Juega Cuesta trata de reconstruir la contabilidad de las plantas de A Coruña y Avilés, sin cuentas desde 2018, y detecta impagos a proveedores y plantilla
Agentes de la Policía Nacional durante el control en la puerta de la fábrica de Alu Ibérica en Aviles / EFE
La administración judicial impuesta por la Audiencia Nacional en las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés pasará cuentas a Alcoa. El administrador, Ramón Juega Cuesta, ha comunicado a la plantilla su intención de realizar un requerimiento a la multinacional norteamericana para que abone las deudas e impagos que tiene contraídos con los trabajadores, aunque no ha trascendido a cuánto asciende la cuantía.
El equipo de Ramón Juega Cuesta está trabajando de manera acelerada para tratar de reconstruir la contabilidad de la empresa, cuyo último balance es del ejercicio 2018. Su objetivo, según dijo a los representantes de los trabajadores, es “minimizar el impacto de la inactividad en la plantilla”.
Las factorías, que fueron vendidas por Alcoa al fondo suizo Parter y revendidas por este a Grupo Industrial Riesgo, están envueltas en un proceso judicial que provocó la detención y puesta en libertad con cargos de la cúpula de los nuevos dueños, investigados por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas.
En el marco de la investigación, la jueza María Tardón decidió apartar a la dirección y colocar a un administrador judicial. En paralelo, la Audiencia Nacional también dictaminó que Alcoa es responsable de las indemnizaciones laborales relacionadas con el convenio de despido colectivo por la enajenación de las instalaciones, que sigue vigente. La multinacional anunció en su momento un recurso ante el Supremo.
Deudas con proveedores y plantilla
Los trabajadores de Alu Ibérica han expresado su preocupación por la situación que atraviesan. Señalan que se debe dinero a proveedores, clientes y plantilla, aunque la nueva administración confía en poder tener pronto una visión de la fábrica para poder dar soluciones a los problemas, que es lo prioritario en este punto del proceso.
Ambas partes han quedado emplazadas para la primera semana de septiembre en la que la administración judicial espera poder dar un informe sobre la situación real de la empresa.
