Alu Ibérica: cronología de un desmantelamiento industrial

En octubre de 2018 Alcoa anunció su intención de iniciar un periodo de consultas para llevar a cabo un despido colectivo en las fábricas que poseía en A Coruña y Avilés. En esa altura sumaban casi 700 empleados (375 en Galicia y 313 en Asturias). ¿En qué justificaba su decisión? Básicamente, en casi los mismos argumentos con los que hace ahora un año defendió el expediente en San Cibrao. Ambas sociedades arrastraban pérdidas desde hace años y estaban operando al 65% de sus capacidades instaladas, debido al exceso de oferta de aluminio en el mercado. Además, los costes de las materias primas y de la energía resultaban muy elevados. Tanto, que las pérdidas operativas de ambas plantas tornaban insostenibles.

No obstante, en enero de 2019, la multinacional americana se abrió a negociar la venta de ambas factorías, ofreciendo además un compromiso de inversión con el comprador que garantizase el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo durante dos años. Siete meses después, el 31 de julio de 2019, Alcoa oficializó la venta de las dos plantas de aluminio al fondo suizo Parter. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo entonces: “Hemos cumplido nuestro compromiso de garantizar los puestos de trabajo de Alcoa. Este es el comienza de una nueva etapa”.

Etapa de parálisis

Sin embargo, pasados casi dos años de ese momento, la realidad es que la etapa que se abrió fue la de la práctica desmantelación de ambas factorías. Así se recoge, al menos, en la sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública esta semana y que condena a Alcoa a cumplir las condiciones sobre extinción de contratos que se produzcan y de recolocaciones externas en ambas plantas en los términos fijados con los trabajadores en enero de 2019. La Sala Social ordena cumplir esta medida al considerar probado que se ha “incumplido” la medida complementaria acordada consistente en la reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo mediante su traspaso a un empresario “serio, solvente y riguroso”. Queda por determinar ahora, en otro juicio en paralelo, si se produjo una despatrimonializaciñon fraudulenta o no por parte de Parter y Riesgo.

La Audiencia Nacional es clara en sus conclusiones. Responsabiliza a Alcoa de la no reindustrialización de ambas factorías (ya que fue ella la que escogió a Parter como comprador) y, además, entiende que ni el fondo suizo ni, posteriormente, Grupo Industrial Riesgo (al que revendió los activos), “cumplen mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso”.

La sentencia —que se conoce justo en la recta final de las negociaciones para la compraventa de la factoría de aluminio primario de Alcoa en A Mariña lucense— da la razón a los trabajadores, que llevan dos años denunciando el desmantelamiento de ambas plantas y reconstruye, precisamente, esa parálisis.

Alerta a los seis meses de llegar Riesgo

Según el relato que han ido recogiendo los medios en este tiempo y que ahora queda plasmado en la sentencia, el 16 de abril de 2020, cuando aún no había pasado un año del desembarco de Parter, el responsable de operaciones de Alu Ibérica, Günter Goldhammer, comunicó por correo electrónico al comité de empresa de la fábrica de A Coruña que Parter contaba con un nuevo “socio inversor estratégico”, el Grupo Industrial Riesgo. Posteriormente, se informaría de que, en realidad, se había hecho con el 75% del capital a través de System Capital Management.

Los nuevos dueños indicaron que sus primeros pasos en las fábricas se centrarían en “llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar al máximo los puestos de trabajo e Galicia y Asturias y la reindustrialización necesaria”.

Seis meses después del desembarco, en octubre de 2020, los representantes sindicales en Alu Ibérica emitieron un informe describiendo la situación que atravesaban ambas fábricas y en el que se exponía que desde 2019 no se había abordado “ninguna de las inversiones previstas en el plan estratégico del acuerdo de venta” entre Alcoa y Parter. Precisamente, en noviembre del pasado año, los de Pittsburgh presentaron una demanda declarativa contra Parter al entender que los acuerdos de traspaso no se habían cumplido.

«Barrer, fumigar, segar…»

En la documentación que acompaña a la sentencia, son los informes de Inspección de Trabajo los que mejor ejemplifican la inactividad de las fábricas de A Coruña y Avilés, que se fueron paralizando mientras los trabajadores demandaban una intervención urgente de las autoridades autonómicas y estatales.

El acta de Inspección de Trabajo relativa a la situación de la fábrica de Avilés y desarrollada en base a visitas realizadas en octubre de 2020 indica: “Se ha verificado directamente que, desde la parada de las series de electrolisis, la empresa no ha garantizado la ocupación efectiva de los trabajadores de este departamento”. “Tras los seis primeros meses de formación tras la parada de las cubas cuando aún la titular de la empresa era Alcoa, la empresa Alu Ibérica Avl ha reducido la actividad de los trabajadores de electrolisis a tareas accesorias (limpieza de cota y sin exigir productividad alguna; pequeños mantenimientos, pintar, segar, barrer, fumigar, etc.) y que además ocupan apenas 30 minutos de la jornada diaria, con lo que se constata que la conducta empresarial atenta contra la dignidad de los trabajadores, al ordenar la ejecución de tareas no productivas, durante un periodo prolongado de tiempo, a efectos de dar una apariencia de actividad”, recoge el acta de Trabajo.

En el caso de A Coruña, de tres visitas de inspección realizadas, en las que se entrevistó a un total de 46 trabajadores, entre ellos algunos mandos y personal directivo, se constata “que los trabajadores carecían de ocupación efectiva en cada unas de las visitas de inspección realizadas”.

“Puede concluirse que un número considerable de trabajadores de la empresa, los que vinieron trabajando hasta el mes de febrero de 2019 en las series de electrolisis, que llegaron a ser en torno a 130, se encuentran en situación de falta de ocupación efectiva, traducida en unos niveles de ocupación diaria mínimos, cuando no inexistentes o en la realización de tareas secundarias o directamente improductivas, que nunca llegan a ocupar una parte mínimamente significativa de la jornada laboral diaria”, se evidencia.

Alcoa aportó 65 millones de euros

La sentencia de la jueza Marta Jaureguizar destaca que el tribunal no alberga dudas de que “ni el grupo Parter ni el grupo Riesgo cumplen mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso”. “Al contrario, resulta palmaria la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores”, explica.

Es decir, en poco menos de dos años, en las plantas de A Coruña y Avilés no solo no llevaron a cabo las inversiones previstas, sino que sus trabajadores no fueron ni formados ni prácticamente empleados, a tenor de a sentencia. Alcoa, según queda acreditado, realizó desembolsos entre julio de 2019 y abril de 2021 por valor de 78,3 millones de dólares, unos 65 millones de euros con los que se pagaron los salarios.