Alu Ibérica augura el colapso de las fábricas si entra una administración judicial

Alu Ibérica trata de frenar la administración judicial de las antiguas plantas de Alcoa, que compró al fondo suizo Parter. La compañía, controlada por Grupo Industrial Riesgo, ha dirigido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para advertir de los “daños irreparables” que causaría a la entrada de una administración judicial.

«No puede adoptarse una medida cautelar tan gravosa, dañina y desproporcionada como es la administración judicial, cuando faltan los indicios de delito, cuando falta por entero el presupuesto de apariencia de buen derecho en las tesis de las partes acusadoras, que toda la jurisprudencia exige para imponer la más radical medida de administración judicial», argumentan los letrados de la compañía.

Alu Ibérica asegura que «no hay indicios ni prueba alguna de descapitalización ni de insolvencia» de las factorías, que ya fueron intervenidas judicialmente debido, precisamente, a los indicios de una despatrimonialización fraudulenta de las plantas que detectó la Audiencia Nacional.

Alu Ibérica prepara el terreno para una indemnización

Por el contrario, Riesgo afirma haber «aportado prueba de lo contrario» y añade que «la medida cautelar, lejos de proteger a las plantas, va a causar daños irreversibles”. También se queja la compañía, cuya cúpula fue detenida y puesta en libertad en el marco de la operación, del daño que supondría para quien «ha invertido 5 millones de euros en su funcionamiento, los cuales deberán ser compensados».

Por eso, reclama que se deniegue la medida de administración judicial y, «en todo caso», insta a la titular del juzgado a «ordenar la prestación de caución a los solicitantes, con apertura de incidente de cálculo de daños y perjuicios que pueden irrogarse a fin de determinar el monto de la caución».