Altri, en el laberinto europeo: Bruselas tendrá la última palabra si recibe fondos públicos para la planta de Palas

Hace unos días, la comisaria europea de Medio Ambiente, la sueca Jessika Roswall, contestaba a una pregunta de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en la que solicitaba a Bruselas que moviese ficha ante un proyecto, el de la lusa Altri en Palas de Rei, “que contaminará el mar y la tierra y que, según estudios científicos, vulnerará hasta 14 directivas europeas”. La mandataria no entraba a valorar esas aseveraciones y recordaba que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental “aún está en curso y el proyecto no ha sido autorizado por el momento”. “Por lo tanto, aún no es posible comprobar el cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables”, resolvía. Pero, ¿cuáles son las competencias reales de Bruselas para con el discutido proyecto de la planta celulósica y de fibras textiles que impulsa la compañía lusa?

De partida, si España decidiese dar fondos públicos al proyecto Gama, Europa debería avalar la decisión y ratificar que la decisión adoptada cumple con las normativas comunitarias para la dotación de fondos Next Generation.

Competencias entre administraciones

Para colocar las piezas del puzzle hay que recordar las competencias de cada administración en la ecuación que rodea al denominado Proyecto Gama, que pretende fabricar al año, cuando esté a pleno rendimiento, 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y 200.000 de lyocell, la fibra textil de origen vegetal. La Xunta de Galicia acaba de concederle la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto, pero falta por emitir la Evaluación Ambiental Integrada (AAI), una suerte de permiso único que aúna todas las autorizaciones ambientales existentes y que analiza desde la gestión de los residuos hasta las emisiones atmosféricas o los vertidos. La administración autonómica espera tener antes de que finalice el verano este documento clave para la aprobación del proyecto.

Estas aprobaciones deben ser tenidas en cuenta por la Administración central, que también evalúa el proyecto, pero por cuestiones distintas a la tramitación ambiental. Los de José Soares de Pina ya han indicado que, más allá de obtener los permisos pertinentes, no desarrollarán su macrocomplejo en Palas de Rei si no cuentan con ayudas públicas suficientes. Cerca de 250 millones de euros. De momento, se han presentado a la línea 4 del Perte de la Descarbonización, que tramita el Ministerio de Industria, de Jordi Hereu. Si las cosas les van bien, podrían conseguir hasta 30 millones de euros, cantidad que dista mucho del total al que aspiran. Tanto desde el PP como desde la empresa se ha aludido también a la posibilidad de que el proyecto pueda recibir una ayuda directa financiada con fondos europeos, como ocurrió con Arcelor Mittal.

Pero, ¿dónde aparece Bruselas en este crucigrama? En principio, la Comisión Europea entraría a valorar el proyecto de Altri si este, finalmente, resulta adjudicatario de las ayudas públicas europeas tramitadas por el Gobierno central. Tanto en el caso de Altri como en el que cualquier otra empresa, Europa debe dar el visto bueno a la adjudicación. En este punto, como en casi todo lo que rodea al proyecto de Altri, las opiniones sobre lo que puede o no pasar son variadas.

¿Es Altri lo que pide Bruselas?

El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares indica que el hecho de que la Xunta haya aprobado la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto no es nada que garantice que vaya a recibir las ansiadas ayudas. “Se ha aprobado la DIA y ahora aún queda la Evaluación Ambiental Integrada que sería, digamos, la licencia ambiental que tendría el proyecto, bajo la normativa europea”, explica. “Sin embargo, tener todo esto aprobado, no da derecho inmediato a fondos de recuperación, algo que ha intentado dar a entender la Xunta y que debe quedar claro”, reivindica.

“Para tener derecho a fondos europeos tú lo que tienes que cumplir es una evaluación que ratifique que cumples con el principio de DNSH (Do Not Significant Harm o, traducido, ‘no causar un daño significativo’”, indica, para añadir que ese análisis corre a cargo del Gobierno central, que si finalmente decide adjudicar una ayuda, debe proponerla también a Europa, “que evaluará si esa adjudicación cumple el Reglamento de Recuperación y Resiliencia”.

González Casares sostiene que, independientemente de los permisos ambientales que la Xunta otorgue al proyecto, su financiación es complicada siguiendo los parámetros europeos. “Aquí ya entro más en el campo de la opinión, pero en ningún punto del Reglamento de Recuperación y Resiliencia se dice que un sector como el celulósico sea objetivo del plan. En cambio, sí lo son otros que sí se han llevado ayudas directas, como en el de hidrógeno”, apunta.

No opinan lo mismo desde el PP. Aseguran que el proyecto de Altri sí tiene un claro encaje en el reparto de ayudas europeas, que proyectos similares ya han pasado el filtro de su respectivo país de origen y de la Comisión Europea y que el riesgo de daño significativo queda neutralizado, precisamente, si se tiene en cuenta que ha pasado las evaluaciones ambientales pertinentes.

«Se han subvencionado proyectos similares»

“La nueva Comisión Europea en su Brújula Estratégica, en donde han marcado los objetivos de la legislatura, ha dejado claro que es de vital importancia invertir en industria que produzca y que manufacture dentro de la Unión Europea y eso precisamente por lo que está apostando la Xunta y también Altri”, explica Adrián Vázquez, eurodiputado del PP, que asegura que proyectos muy similares al que la compañía lusa proyecta en Palas de Rei ya han recibido ayudas públicas en otros países como Austria, así como el consecuente ok de Bruselas.

Vázquez rechaza de plano las hipótesis de formaciones y colectivos contrarios al proyecto sobre la posibilidad de que la aprobación del proyecto de Altri así como la concesión de ayudas puedan acabar derivando en multas al Estado por parte de Europa si se determina en un futuro que hay un daño ambiental. “Realmente se están emitiendo una serie de bulos y fake news. Ahora se dice mucho que se podría probar que el proyecto incumple un requisito fundamental que es el principio de no causar daño significativo. No entiendo cómo se puede hacer esta aseveración cuando, de partida, el proyecto ya ha pasado una Declaración de Impacto Ambiental con 40 informes favorables. Cómo se puede decir esto si, además, es que el Gobierno central no puede poner en duda el resultado de la DIA, que es independiente”, reflexiona, a la vez que indica que el Ejecutivo ya desbloqueó fondos para proyectos que sólo tenían este trámite aprobado sin esperar a la Evaluación Ambiental Integrada.

Sobre la fiscalización que Bruselas hará del proyecto en el caso de recibir ayudas públicas, Vázquez también sostiene que lo que no va a hacer el Ejecutivo comunitario es volver a hacer un estudio ambiental, ya que as decisiones del Ejecutivo gallego no se ponen en duda. “Los proyectos que llegan hasta ahí ya han pasado todas las evaluaciones ambientales pertinentes y exigidas en la legislación europea. por lo que cuando un proyecto llega hasta ahí para su ok definitivo, Europa se fía de lo que recibe, ya que hay un principio de subsidiariedad entre las administraciones”, expone. “Europa, por ejemplo, puede analizar el uso o mal uso de los fondos, si existen riesgos de malversación, que en este caso interviene la OLAF, pero lo que no va a hacer es volver a repetir unos estudios ambientales”, comenta.

¿Multas?

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, rechaza los argumentos del PP y, como González Casares, sostiene que no cree que el proyecto de Altri vaya a pasar el corte del Gobierno central si se analiza el principio de “no causar daño significativo”. Desde Bloque aseguran que, «según sus estudios técnicos», la planta, tal y como está proyectada, podría vulnerar 14 directivas comunitarias. “Se tocan un sinfín de normativas, desde la biodiversidad, la calidad del agua, los vertidos industriales, además de la afectación a la pesca en la Ría de Arousa”, asegura.

Miranda sostiene que, atendiendo al criterio de daño significativo, el proyecto de Altri no podría ser propuesto para recibir ayudas públicas y, por tanto, no debería llegar a ser evaluado por Bruselas. Pero, además, sostiene que en Europa son conscientes de “la gran oposición social” que genera el proyecto e indica que una aprobación del mismo podría derivar, más adelante, en problemas para el propio Estado español.

La diputada del Parlamento Europeo recuerda que en 2016 la Comisión inició una investigación a España por incumplimientos con respecto a la delimitación de los espacios de Red Natura y apunta a que, precisamente, la planta de Altri se proyecta en una zona en las lindes de Serra do Careón, cuya protección debería haber sido ampliada hace ya años por la Xunta.

“Si el proyecto se aprueba y va adelante y, tiempo después se constata que incumple las normativas europeas, podemos estar ante el caso de que, aún encima de estar sufriendo la contaminación, tengamos que pagar por él en los tribunales”, opina.

A la espera de saber si el Gobierno central concederá o no ayudas a Altri y cuándo se dará a concer la Evaluación Ambiental Integrada de la Xunta de Galicia, lo que queda claro es que, de una forma u otra, Bruselas también juega un papel en el futuro del proyecto de Palas de Rei.