Alerta roja en el naval: Barreras encarga a una consultora su reestructuración
El secretario comarcal de la CIG, Alberto Gonçalves, teme la desaparición de la empresa y advierte de que significaría "el golpe letal definitivo para el naval de Vigo"
Imagen de archivo del antiguo astillero vigués Hijos de Barreras. EFE/Salvador Sas
El astillero vigués Barreras, en manos de la división de cruceros de lujo de Ritz-Carlton, ha contratado los servicios de la firma de consultoría internacional Kroll para buscar «alternativas que garanticen su estabilidad y viabilidad». La contratación se ha realizado con el objetivo de «apoyar y reforzar la estrategia de la compañía», un mes después de que Hijos de J. Barreras anunciase que había empezado a saldar la deuda por 58 millones de euros.
La firma intenta evitar así el «desenlace fatal» que, en palabras del secretario comarcal de CIG, Alberto Gonçalves, «tendría consecuencias gravísimas para el conjunto del sector naval de Vigo y su industria auxiliar». «La caída de Barreras puede ser el definitivo golpe letal para el naval de Vigo», ha alertado.
Gonçalves ha subrayado que «no se puede permitir que un sector estratégico para la industria viguesa desaparezca», y ha instado a la Xunta y al Gobierno «dejar de mirar para otro lado» y a «actuar para asegurar la continuidad de Barreras» y «blindar» el futuro del sector. Ante esta situación, ha apostado por la intervención del astillero y ha vuelto a pedir al alcalde, Abel Caballero, que convoque el Consello Social de la ciudad.
El problema del Evrima
Barreras contrajo una deuda de 58 millones de euros con entidades financieras (43 millones) y la industria auxiliar (15 millones) por la construcción del crucero ‘Evrima’, que fue trasladado a Santander para trabajos de pintura. UGT reclamó recientemente que la empresa presentase un plan de negocio al considerar que la situación de financiación del buque, que «parece estar encauzada», no resulta «suficiente para apuntalar el futuro del astillero». También apeló a la colaboración entre los distintos agentes sociales, Barreras, la Xunta y el Gobierno de cara a buscar una solución.
Sin embargo, en mayo, la Xunta remarcó que la empresa debe «acreditar carga de trabajo» para poder cofinanciarla con una cantidad que se completaría con lo que Barreras solicitó al fondo de solvencia de la SEPI, unos 30 millones de euros.
