Alcoa y Gobierno asumen dos años más de crisis energética en la industria
La multinacional prevé que los costes energéticos se eleven todavía más durante el primer semestre del próximo año y agraven las pérdidas de la planta de Lugo, actualmente de unos 20 millones de dólares al mes
Mientras el Gobierno prepara nuevas rebajas de impuestos en la factura eléctrica para contener la escalada de precios, que volvieron a batir récords este martes, el Ministerio de Industria asume que la crisis energética se prolongará para las empresas durante dos años, al menos, para las electrointensivas. Con esa previsión trabaja Alcoa, que pidió parar durante dos años la electrolisis de la planta de San Cibrao, el proceso que provoca la mayor parte del consumo eléctrico, para reactivar las cubas dentro de dos años, pues prevén que en 2024 se moderen los precios y puedan tener un contrato de suministro “mínimamente competitivo”. Esto permitiría, estiman, devolver a la viabilidad a las instalaciones.
El departamento que dirige Reyes Maroto ha aceptado este marco y ha abierto la puerta a una negociación con la multinacional norteamericana, aunque exigiendo “garantías de las inversiones anunciadas” dentro del citado plan de viabilidad para mantener activa la factoría, “bien a través de coberturas bancarias o con avales”. «Estas garantías son necesarias para dar confianza y seguridad al proceso de reindustrialización de la factoría», trasladó el Ministerio de Industria.
Reyes Maroto fue una de las impulsoras del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, un paquete de incentivos que incumbía a varios ministerios pero que tenía el objetivo común de abaratar los costes eléctricos a las grandes consumidoras industriales. Menos de dos años después de su aprobación, Industria asume la tesis de Alcoa de que no habrá precios competitivos hasta 2024.
La multinacional fundamenta sus estimaciones en los niveles “desorbitados” en los que se mantienen el mercado eléctrico. En base a los datos del Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel), prevé que en el primer trimestre de 2022 se alcance un precio medio de 270 euros por MWh, mientras que la media para todo el año sea de 200 euros. De ser así, al menos en el primer trimestre del año se agravarían las pérdidas que sufre la factoría y que Alcoa cifra en más de 20 millones de dólares al mes.
La petición de Industria y las líneas rojas de los trabajadores
El Gobierno ha pedido a Alcoa que mantenga el suministro de aluminio a los clientes, para lo que la multinacional propone seguir con la fundición operativa, y que “tenga en cuenta a toda la cadena de valor del aluminio en la toma de decisiones». Asegura que pondrá a su disposición «todos los instrumentos de política industrial y energética para hacer que la planta sea competitiva y puedan modernizarse sus instalaciones» y que está dispuesta a participar en el proceso de negociación.
Tiene esa disposición porque, en realidad, es con el comité de empresa con quien debe negociar la compañía. Los trabajadores fueron capaces de tumbar judicialmente el ERE para más de 500 operarios que planteaba la multinacional y se opusieron desde que estalló la crisis de la planta al apagado de las cubas.
El presidente del comité, José Antonio Zan, insistió en que no aceptan que se pare la electrolisis y exigen a la compañía que debe garantizar la actividad de contratistas y talleres del alrededor», pues «todos ellas son parte» del empleo de Alcoa. Sin negociar el apagado de las cubas, la situación puede volver a atascarse en un corto periodo de tiempo. La prioridad del grupo con sede en Pittsburgh es frenar la sangría de pérdidas de A Mariña deteniendo el consumo eléctrico, lo que solo puede hacerse apagando las cubas o con un esquema de compensaciones públicas, aunque el Ministerio señaló que no iba a dotar más instrumentos de los ya implantados hasta la fecha. Con la misma incertidumbre de siempre, todo queda pendiente de la primera reunión entre los sindicatos y la multinacional.
