Alcoa, sobre el caso Alu Ibérica: “Demandamos a Parter y los trabajadores apoyaron la venta”
La multinacional rechaza las acusaciones de que conocía la insolvencia del comprador de las plantas de A Coruña y Avilés, que esgrimieron los sindicatos y que sentaron mal en la compañía
Imagen de archivo de las protestas de los trabajadores de Alcoa en San Cibrao. EFE/Emilio Pérez
No sentaron bien en Alcoa las declaraciones del presidente del comité de empresa de la planta de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, que este jueves instó a las administraciones a pedir cuentas a la multinacional norteamericana por la situación de la fábrica y aludió a un informe de la UDEF para asegurar que la compañía “sabía que los compradores no eran solventes”, en aparente alusión a Grupo Industrial Riesgo.
La productora de aluminio rechaza esta acusación, “absolutamente falsa”, según indican fuentes de Alcoa. La multinacional recuerda que el proceso de venta de las plantas de Avilés y A Coruña “fue promovido, supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria” y “contó con el apoyo de las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores».
La reventa provocó una demanda de Alcoa
«El hecho de que Parter vendiera la mayoría de sus acciones de Avilés y A Coruña a Grupo Industrial Riesgo fue un incumplimiento de contrato, y Alcoa ha demandado a Parter por no cumplir dicho contrato«, advirtieron las mismas fuentes.
La compañía alude al proceso de venta que desembocó en el traspaso de las instalaciones al fondo suizo y en la posterior reventa que hizo este apenas nueve meses después, a juicio de Alcoa, incumpliendo el acuerdo de desarrollar un plan industrial a largo plazo.
De la venta al administrador judicial
Desde aquella operación todo fue a peor. La gestión de Grupo Industrial Riesgo, con la oposición de la plantilla, fue abortada por una operación de la Audiencia Nacional, que detuvo y puso en libertad a su cúpula ahora investigada por un posible desfalco de los fondos de las fábricas.
La gestión industrial está en manos de un administrador judicial, , el gallego Ramón Juega Cuesta, que solicitó el preconcurso al no detectar caja suficiente para garantizar los pagos a la plantilla si no tomaba esta medida extraordinaria.
