Alcoa rompe con Liberty: naufraga la venta de San Cibrao
La multinacional convoca a Xunta, Gobierno y trabajadores para comunicar el fracaso de la venta y negociar los despidos y la parada de las cubas
El último día de las negociaciones entre Alcoa y Liberty (GFG Alliance) terminó como había empezado, sin acuerdo. Este domingo vencía el plazo pactado entre los dos grupos para el traspaso de la planta de San Cibrao a la compañía de Sanjeev Gupta sin que se llegase a un entendimiento. Avanzada la noche, la multinacional norteamericana rompió las negociaciones, poco después de convocar la mesa multilateral –donde se sientan Gobierno, Xunta y trabajadores, pero no Liberty– para la mañana del lunes.
Tras esta reunión telemática, Alcoa se reunirá con los representantes de la plantilla en Nigrán en la que debía ser la última cita para negociar el ERE, aunque la previsión es que la compañía plantee un ERTE y un cierre ordenado de las cubas de electrolisis para frenar la sangría de pérdidas de la factoría, un millón a la semana, según asegura. Así lo hará si en la reunión previa, convocada a las 9.30 horas, la presión de Gobierno y Xunta no le hace rectificar.
Los trabajadores llevan días manifestando que no están dispuestos a negociar ninguna medida laboral, ni ERE ni ERTE, y que no contemplan otra solución que no sea la venta a Liberty House. El grupo británico estaba dispuesto a adquirir la factoría siempre y cuando no se parasen las cubas de electrolisis, lo que ahora emerge como un elemento decisivo para saber si todavía tiene algo que decir en la pugna por las instalaciones.
En juego están no solo los empleos de 534 trabajadores, sino también la dinámica económica de una comarca que tiene a Alcoa como industria de referencia y que este domingo volvió a protagonizar una multitudinaria manifestación para pedir la continuidad de la actividad en San Cibrao.
Cruce de propuestas antes del naufragio
Durante la jornada se acercaron posturas o, cuando menos, hubo intercambio de propuestas entre Liberty y Alcoa. El punto más conflictivo radicaba en el control que el grupo británico quería ejercer sobre la factoría de alúmina, contigua a la planta de aluminio.
Liberty planteó primero la compra de unas instalaciones que no estaban en venta. Luego pidió un contrato que le garantizase el suministro durante 20 años, lo que Alcoa consideró totalmente inviable y una práctica insólita en el sector. Finalmente, también pidió garantías que le permitiesen controlar la planta en caso de una futura venta.
Desde el Gobierno se planteó a Alcoa que aceptase un contrato de diez años prorrogable a otros diez si Liberty cumplía determinados requisitos, mientras la multinacional ofrecía solamente un contrato de suministro a 5 años. Finalmente, no se llegó a un acuerdo, a pesar de la presión del Ejecutivo.
Si no hay cambio de planes, la intención de Alcoa es retomar donde lo había dejado hace un mes. Entonces, la compañía planteó aplicar un ERTE de dos años para 534 trabajadores y abrir un periodo de nueve meses para activar un proceso de venta, que podría ser similar al que realizó con las factorías de A Coruña y Avilés.