Alcoa señala a Parter ante el juez por el caos en Alu Ibérica
Alcoa alega en el juicio ante la Audiencia Nacional que la venta de sus plantas de A Coruña y Avilés a Parter fue tutelada por el Gobierno y acusa al fondo suizo de incumplir con lo pactado
Miles de personas han secundado la manifestación por el futuro de Alu Ibérica en las calles de A Coruña / E.P.
La crisis en Alu Ibérica llega a la Audiencia Nacional. La sala de lo Social ha albergado este jueves la vista oral por la demanda que los sindicatos presentaron contra Alcoa, Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo por los sucesivos traspasos de la factoría coruñesa.
Alcoa, que en verano de 2019 selló la venta de esta planta junto a la de Avilés al fondo suizo, ha defendido que esta operación se realizó de manera transparente y con el aval tanto del Gobierno como de los trabajadores. Es por ello que ha responsabilizado de la crisis a Parter Capital, a la que, además, acusa de incumplir ciertas obligaciones.
Alcoa apunta que el proceso de venta a Parter Capital estuvo tutelado por el propio Ministerio de Industria y que mantuvo sus compromisos y obligaciones durante todo el proceso. Además, recuerda que presentó una demanda contra Parter Capital en julio de 2020 al entender que el acuerdo de venta incluía ciertas obligaciones legales que han sido violadas por el fondo, por lo que pide al tribunal que lo confirme.
Choque de opiniones
La visión de Alcoa choca con la de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), sindicato que firma la demanda junto a CC OO, que considera que Alcoa es responsable por los incumplimientos de los sucesivos compradores, a los que reprocha que no hayan llevado a cabo el plan industrial pactado que garantizaba la ejecución de inversiones.
El sindicato también critica que Alcoa eligió como comprador a Parter Capital pese a que no reunía las características exigidas y acordadas para la estabilidad de las dos plantas y sus plantillas, al tiempo que recalcan que los propios trabajadores rechazaron indemnizaciones muy superiores a las legales para apostar por la viabilidad de las plantas y sus puestos de trabajo.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, aunque el juicio no ha quedado visto para sentencia, no se celebrarán más sesiones presenciales después de que las partes hayan acordado presentar sus conclusiones por escrito con el objetivo de agilizar este trámite.
Juicio en paralelo a la investigación por estafa
La vista ha durado cerca de cinco horas y se ha celebrado a puerta cerrada por el protocolo antiCovid, coincidiendo con las protestas que medio centenar de trabajadores de Alu Ibérica han desarrollado por las calles de A Coruña. Bajo el lema «Alcoa culpable, Gobierno responsable», los trabajadores han expresado su malestar por la crisis que atraviesan las factorías.
En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, ha asegurado que el expediente de regulación de empleo (ERE) fue «un engaño tremendo para dos comarcas [A Coruña y Avilés]” y ha lamentado que se hayan vistos abocados a defenderse «en el ámbito judicial» ante la «falta de valentía política» de las Administraciones.
El juicio de hoy es independiente de la causa abierta también en la Audiencia Nacional, aunque en la vía penal, por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo.
