Alcoa planea quedarse un año más en Lugo con el aluminio un 50% más caro que cuando vendió Alu Ibérica

Alcoa ha abierto la puerta a permanecer en la factoría de San Cibrao un año más, hasta finales de julio de 2022. Tras la negativa del Gobierno a triangular la venta a un tercero a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la multinacional propone ahora mantenerse un año más en Lugo con el compromiso de no activar ningún expediente de regulación de empleo. En ese tiempo, el Ejecutivo central debe dar una respuesta a la elevada factura energética que afronta la planta y que la hace no ser competitiva, según la propietaria. Será entonces, de nuevo en la senda de la viabilidad, cuando los de Roy Harvey materialicen un traspaso directo a un comprador que cuente con el placet de la administración pública. La propuesta, realizada el pasado viernes, fue acogida por el Ministerio de Industria de buen grado, como una muestra de un cambio de actitud de la aluminera. Sin embargo, cuenta con el rechazado frontal de la plantilla, que la califica de “inadmisible”, al entender que no tiene sentido retrasar la venta habiendo cuatro grandes grupos interesados.

Lo cierto es que el terreno en el que se disputa el futuro de San Cibrao ha cambiado mucho en los últimos meses. Si bien es cierto que la factura energética de la gran industria electrointensiva continúa disparada en este momento, también lo es que el aluminio vive un momento especialmente dulce, con una subida de precios que se mantiene al alza. El precio que alcanza en el LME, la bolsa de metales de Londres, rondaba a finales de julio los 2.624 dólares la tonelada. Un 74% por encima del valor que marcaba este indicador de referencia el 28 de mayo del año pasado, cuando los de Pittsburgh anunciaron el inicio de un periodo informal de consultas para acometer un ERE para más de medio millar de empleados que acabaría siendo tumbado en los juzgados.

Mejores indicadores

También supera con creces los precios que se marcaban hace dos años, cuando se hizo efectiva la venta de las plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter (que después revendería a Grupo Industrial Riesgo). Según los registros, el 31 de julio de 2019, el precio del aluminio se establecía en 1.776 dólares la tonalada. Ahora, es casi un 50% más caro.

Precisamente debido al buen momento del metal, todos los grandes grupos del sector en bolsa han visto cómo su cotización se incrementa. La acción de Alcoa ronda en la actualidad los 40 dólares. En mayo de 2020, cuando arrancó el conflicto de San Cibrao, el título se intercambiaba a 9,48 dólares. Los datos actuales superan, de nuevo, a los que presentaba hace dos años, en el momento de la venta de A Coruña y Avilés. El 31 de julio de 2019, la acción registró un valor de 22,49 dólares.

Los resultados de los grupos del sector también mejoran al calor del boom del aluminio. Así lo corroboran los últimos datos trimestrales de Alcoa. Los americanos cerraron un segundo trimestre de año de récord, con unos ingresos por valor de 2.833 millones de dólares (2.400 millones de euros al cambio) y unos beneficios de 238 millones.

La Xunta pide un acuerdo en firme

No obstante, en la radiografía actual de Alcoa San Cibrao también hay cifras negativas. La principal, la del precio eléctrico. El barómetro semanal de la patronal de los grandes consumidores Aege, pronostica, a fecha 30 de julio, un precio de la energía a fin de año de 88,30 euros megavatios/hora. Estima también este indicador que en Francia se rondarán los 40,39 euros y en Alemania los 59,22 euros.

Con todos estos datos sobre la mesa, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha pedido un paso más a Alcoa. Así, ha reclamado que el Memorando de Entendimiento (MoU) propuesto por la corporación industrial y por el que no iniciaría el despido hasta dentro de un año y mantendría las operaciones de la planta de Cervo (Lugo) represente «un contrato de venta efectivo» de la misma, en lugar de «una declaración de intenciones».

«Tanto el Gobierno como Alcoa deben sentarse y deben tomar decisiones» tras «dos años con declaraciones de ambas partes». Conde resuelve que la empresa «traslada que quiere vender» y el Gobierno afirma que desarrollará un marco energético competitivo, pero «ninguno de los compromisos se está cumpliendo«.