Alcoa pide un blindaje judicial para vender San Cibrao tras el fiasco de Alu Ibérica
La negociación para vender la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) lleva días atascada en la mesa del Gobierno. La multinacional norteamericana, que insiste en su voluntad de avanzar en las negociaciones, trasladó a la Sociedad Estatal de Participaciones Empresariales (SEPI) el marco de condiciones generales (term sheet) para abordar el traspaso de la factoría, pero continúa a la espera de respuesta.
Entre los requisitos que pone la compañía, desveló este lunes el comité de empresa, está una “cláusula de responsabilidades” que en esta ocasión es “más específica” que la presentada en el anterior proceso de venta, la tentativa de Liberty y la SEPI de hacerse con la planta el año pasado que acabó en nada.
Con esta cláusula, Alcoa pretende liberarse de responsabilidades ulteriores una vez complete la operación de venta. Se trata de un blindaje frente a reclamaciones y procesos judiciales futuros, que pasarían a recaer sobre el comprador, en este caso el propio Estado, cuando la multinacional se desprenda del activo. Es, por tanto, similar a las coberturas que ofreció el FROB a los compradores de la banca nacionalizada, pero a la inversa, pues en este caso es el vendedor quien queda eximido de responsabilidades.
Las cláusulas de indemnidad son habituales en algunos de los contratos públicos. De hecho, el Ministerio de Hacienda recomendó su inclusión en una instrucción de 2012 para evitar repercusiones por posibles incumplimientos de los adjudicatarios de obra pública en materia laboral, fundamentalmente, en situaciones de cesión ilegal de trabajadores.
El golpe judicial a Alu Ibérica
En el caso de Alcoa, la petición de un blindaje amplio se produce tras los problemas generados por la venta de las factorías de A Coruña y Avilés. La compañía mantiene un litigio con Parter, el fondo suizo que adquirió las plantas, por considerar que incumplió el acuerdo de venta al traspasar la mayoría accionarial a Grupo Industrial Riesgo. A su vez, Alcoa es una de las partes demandadas en la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales que provocó la detención de cuatro directivos de Riesgo en una investigación de la Audiencia Nacional para determinar si hubo una “despatrimonialización fraudulenta” de las fábricas.
Precisamente, el proceso judicial ha cortocircuitado la hoja de ruta del Gobierno, que negociaba incluir las plantas de A Coruña y Avilés en la operación de compra de San Cibrao si la multinacional norteamericana lograba revertir la venta a Parter, A este tropiezo se suman ahora los problemas de liquidez de Liberty tras la quiebra de su principal financiador, la británica Greensill. La empresa de GFG Alliance, el grupo del millonario de origen indio Sanjeev Gupta, continúa siendo el único candidato que mostró de manera explícita su interés por quedarse con la factoría lucense.
Los trabajadores piden explicaciones
El comité de empresa de San Cibrao ha pedido una reunión “urgente” con la Xunta y el Ejecutivo central para conocer los motivos por los que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de venta de las instalaciones y si los blindajes que solicita Alcoa son razonables. Según el presidente del comité, José Antonio Zan, quieren que el encuentro sirva para saber “dónde están los puntos de desencuentro” entre las partes. “Que especifiquen y quede bien claro dónde están los problemas”, sentenció el sindicalista.
