Alcoa negocia con ocho empresas el suministro eléctrico de San Cibrao para diez años
El plan de inversiones propuesto por la multinacional incluye 37 millones para un nuevo horno; la Xunta se compromete a facilitar la tramitación de proyectos energéticos para abastecer a Alcoa
Los trabajadores de Alcoa llevaron a cabo una protesta la misma jornada de la reunión entre la ministra de Industria y el CEO de Alcoa. Foto: Europa Press
El proceso de negociación entre Alcoa y los sindicatos finalizó sin acuerdo. El empeño de la multinacional por apagar las cubas para amortiguar el coste energético y el de los trabajadores en que continúen funcionando, ha acabado con las conversaciones en punto muerto. Ahora se someterá la propuesta de la multinacional, que incluye 90 millones de inversión en San Cibrao a cambio de parar dos años la electrolisis, a la aprobación en referéndum de la plantilla, lo que tendrá lugar el próximo lunes en una asamblea, un día antes de la fecha límite que fijó la compañía.
El fin de las negociaciones ha servido para conocer más detalles de la propuesta de Alcoa. Según explica el comité de empresa, se compromete a trabajar con ocho suministradores de energía con los que ya está en contacto, para alcanzar acuerdos a medio y largo plazo (PPAs), que entrarían en vigor a partir del 2024 y tendrían una vigencia a 10 años.
La solución a los altos costes de la energía es central para el futuro de la factoría y la búsqueda de contratos de Alcoa va en paralelo a las facilidades que puedan conceder las administraciones. Entre ellas estarían las compensaciones por CO2 del Ejecutivo central, además de apoyo a las inversiones, y la tramitación que haga la Xunta de proyectos energéticos para abastecer a la planta de A Mariña, según explicaron los trabajadores.
El Gobierno gallego también se comprometió a agilizar el proyecto presentado por Alcoa para ampliar la balsa de residuos de la planta de alúmina en caso de que cumpla los requisitos jurídicos y medioambientales.
Las inversiones
El detalle de las inversiones comprometidas por la empresa incluye 31 millones reservados para el rearranque de las cubas en un proceso de seis meses a partir de 2024. En los dos primeros años, figuran unos 37 millones de euros para actuaciones como la reconstrucción de horno de cocción para ánodo grande; a lo que se unen más de 5 millones para un transformador nuevo (TRG) con ajustador de tensión, diseñado para 200.000 amperios; y un horno de homogeneizado (2,6 millones).
Para los años 2022 y 2023, Alcoa ofrece garantía de facturación de las empresas auxiliares durante los dos primeros años, con contratos garantizados a tres años (2022 a 2024) de aquellas empresas externas directamente afectadas por el cese temporal. Además, habrá preferencia de contratación para las empresas de suministros y transportistas locales.
La fundición y la planta de alúmina seguirán operativas, con un plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa. Los compromisos con los clientes no se verían afectados.
Las condiciones de los trabajadores
La propuesta de Alcoa incluye la condición de que los trabajadores levanten la huelga y se comprometan a la paz social durante su vigencia. En la planta de aluminio no se acometerán expedientes de despido colectivo (ni ERE ni ERTE), durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los trabajadores afectados seguirán su calendario habitual. La dirección de planta indicará las tareas a realizar, incluyendo formación, sustituciones o actividades de mantenimiento y limpieza de instalaciones. En caso de ausencia de trabajo, se facilitará permiso retribuido por el periodo correspondiente.
A partir del 1 de enero de 2025, derivado de la formación y ejecución de inversiones, se realizarán las revisiones de aquellos puestos que así lo requieran. Además, se harán los contratos directos a fecha de 1 de enero de 2023 de todos aquellos empleos temporales que, durante el año 2021, hubieran tenido un contrato de puesta a disposición.
Por su parte, habrá un convenio con vigencia de seis años, del 2020 al 2025. Entre otras cuestiones, recoge un incremento salarial del 2% anual, tanto en tablas como ayudas, pero sin cláusula de revisión del IPC.
