Alcoa huye de la crisis de Alu Ibérica y busca un acuerdo con sus extrabajadores en A Coruña y Avilés

Tras llegar a un acuerdo con los trabajadores a finales del año pasado para hibernar la planta de San Cibrao durante dos años, Alcoa, la multinacional del aluminio, quiere enterrar los procedimientos abiertos con su antigua plantilla en A Coruña y Avilés derivados de la venta de ambas factorías al fondo suizo Parter, que posteriormente, traspasó los activos de Grupo Industrial Riesgo, ahora investigado por la Audiencia Nacional por posible descapitalización fraudulenta.

La compañía remitió este jueves un comunicado en el que indica que está “explorando la posibilidad de llegar a un acuerdo global que finalice todos los procedimientos legales relacionados con la venta de sus antiguas plantas en Avilés y A Coruña y que permita una solución rápida y razonable de todas las partes involucradas”. Insisten los de Pittsburgh es que el traspaso de ambas plantas al fondo Parter, en 2019, se realizó en un proceso “avalado por el Gobierno y respaldado por los representantes de los trabajadores”.

«Pronta solución de los procesos judiciales»

Los dueños de la aluminera de San Cibrao quieren desmarcarse de la situación abierta por Grupo Riesgo. Ambas plantas afrontan en estos momentos un proceso de liquidación debido a las deudas que acumulan. “Las acciones de los posteriores propietarios han tenido un impacto negativo en los ex empleados de Alcoa que permanecen en las plantas lo que ha resultado en varios procedimientos judiciales”.”

“Alcoa propone una transacción global muy razonable que permita una pronta solución a los distintos procesos judiciales surgidos como consecuencia de las actuaciones de los propietarios posteriores de las plantas”, apunta. “La propuesta planteada está condicionada a que se alcance un acuerdo global que sea aceptado por todas las partes interesadas. Un acuerdo global beneficiaría a todas las partes y, en el caso de Alcoa, permitiría centrar sus esfuerzos en su negocio actual en España”, indica.

No obstante, apunta la multinacional que tiene la “intención de continuar adoptando todas las medidas legales que procedan contra los compradores de la plantas”, de Parter a Grupo Riesgo, “ya que son sus actuaciones las que han creado la situación perjuficial que afrontan Alcoa y sus ex empleados que permanecen en las plantas”. “Si no se logra un acuerdo, la Compañía cree firmemente que su recurso actual ante el Tribunal Supremo debería prosperar”, explica.

Una factura que podría llegar a los 60 millones

Tal y como adelantó Economía Digital Galicia, en su último informe anual remitido recientemente a la SEC americana, el regulador bursátil del país, Alcoa apunta que la guerra judicial abierta por la venta de sus antiguas factorías podría dejarle una factura de hasta 70 millones de dólares, unos 63 millones de euros.

Al margen del proceso de investigación abierto en la Audiencia Nacional, los trabajadores también iniciaron distintas ofensivas judiciales centradas en el ámbito laboral y que tienen que ver con posibles indemnizaciones por parte de Alcoa a la plantilla. De hecho, en la comunicación a la SEC americana, la multinacional indica que “en el mes de febrero de 2022, Alcoa y stakeholders (grupos de interés) relevantes iniciaron conversaciones para buscar una potencial resolución global de todas las materias pendientes que involucran a Alcoa por la venta anterior de las dos instalaciones, incluida una renuncia a todas las reclamaciones e investigaciones iniciadas previamente por solicitud de los empleados de las instalaciones. A la fecha de esta presentación, estas discusiones iniciales se encuentran en curso”.