Alcoa culpa a China y a una tecnología obsoleta de los cierres
La multinacional asegura que las inversiones no solucionarían el problema de las fábricas, que, según estima, perderán 70 millones este ejercicio
Alcoa comunicó al regulador estadounidense este miércoles lo mismo que horas antes había trasladado a los trabajadores de sus plantas en A Coruña y Avilés: abre un proceso de despido colectivo para 686 trabajadores y echa el cierre en ambas factorías. “Son las menos productivas en el sistema de Alcoa debido a problemas estructurales inherentes”, justificaba la multinacional ante el supervisor.
A diferencia de anteriores amenazas sobre el futuro de las factorías, incluida una venta que intentó sin éxito, la compañía no achaca al coste energético el cierre de las plantas. La energía es solamente un problema añadido. Son las propias instalaciones, con “tecnología menos eficiente y elevados costes fijos”, las que hacen inviable que las plantas sean competitivas.
El problema no se soluciona con inversiones, según Alcoa
Alcoa descarta que las capacidades de las factorías se puedan corregir con inversiones. La última importante, unos 100 millones entre A Coruña y Avilés hace más de un lustro, puso al máximo de capacidad las fábricas y llevó las mejoras tecnológicas al límite, según la compañía. Cualquier intento de transformar las instalaciones sería inútil, como “poner un motor de gasolina a un coche diésel”, dicen fuentes de Alcoa.
El problema de competitividad, siempre según el relato de la multinacional, se vio agravado por el incremento de producción en Asia, principalmente en China, que cuenta con tecnología más eficiente y puede poner en el mercado producto a menores precios.
Pérdidas de 100 millones pese a las ayudas públicas
Alcoa recalca que, incluso con las mayores primas que recibió por interrumpibilidad, ese sistema que le otorga millonarias ayudas a cambio de desconectarse de la red en los picos de demanda para asegurar la estabilidad del sistema, las plantas incurrían en pérdidas. Según estima la multinacional, los números rojos para este ejercicio alcanzarían los 70 millones entre A Coruña y Avilés, y sumarían 100 millones si contamos también el año pasado.
Pese a la contundencia de Alcoa, que también achacó su decisión al elevado coste de la materia prima, el capítulo no está cerrado. Los 369 trabajadores de A Coruña, que llevan años movilizándose en demanda de un marco energético estable que facilitase la continuidad de la planta, han iniciado las protestas e impiden la salida de camiones de la factoría. En la retina tienen las anteriores amenazas de la multinacional, que ha especulado con medidas drásticas cada vez que una subasta de interrumpibilidad no le ha sonreído.
Feijóo y Javier Fernández arman un frente común
En el lado político, donde no consiguieron armar el sistema estable que demandaba la plantilla, se construye ahora un frente común encabezado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente asturiano, Javier Fernández. Todos contra el cierre, también el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que este miércoles visitó a los trabajadores para darles su apoyo.
La reacción más contundente, sin embargo, fue la de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien puso en duda las pérdidas de la multinacional en España, calificó de “cortina de humo” la excusa de los costes energéticos y añadió que “algo no cuadra en esta operación”. “Cierra las plantas donde no ha habido inversiones”, destacó, expresando su compromiso de trabajar con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para buscar una solución para los trabajadores.
Alcoa y las amenazas de cierre
Alcoa, efectivamente, siempre ha obtenido beneficios con el grupo español, pero alega que en el balance se incluyen partidas procedentes de otras factorías. Lo que es innegable es que, tras la compra de Inespal en la oleada de privatizaciones de José María Aznar, percibió primas millonarias para mantener la producción, lo que no evitó las reiteradas amenazas de cierre a partir de 2013.
Además de golpear a 800 familias, Alcoa abre otra grieta en el sector industrial de Galicia, que acumula incertidumbres por el futuro de la central de Meirama o por lo que decida el grupo de Villar Mir sobre las plantas de Ferroatlántica, ya que está en pleno proceso judicial contra la Xunta para desvincularlas de las centrales hidroeléctricas.
