Alcoa zanja una demanda de 240 millones en impuestos pagando como mucho 50

Tras una larga lista de recursos judiciales, la multinacional Alcoa pagará “entre 21 y 53 millones” por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2003 a 2009. Esa es la cuantía que, estima la compañía con plantas en A Coruña, Lugo y Avilés, quedará por abonar de un procedimiento en el que la Agencia Tributaria llegó a reclamar 240 millones por fraude de ley en la declaración de impuestos.

Hacienda, como pone de manifiesto la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de noviembre de 2014, consideraba que Alcoa creó una estructura societaria “artificiosa” en España alrededor del holding Alcoa Inversiones con el objetivo de ahorrarse hasta un 35% en impuestos. Dos sentencias de la Audiencia Nacional, la última de junio de este año, redujeron a la quinta parte el importe a pagar por la compañía, sin que negara la Sala la operativa en fraude de ley. Un error de forma, un trámite incumplido por parte de la Agencia Tributaria, está detrás de tan importante rebaja.

La investigación a Alcoa y sus operaciones internas

La Inspección puso el foco en la operativa de Alcoa Inversiones. El objeto de esta sociedad sería percibir dividendos “sin ser gravados por el Impuesto de Sociedades, ya que se benefician de unos gastos deducibles en España ahorrándose el 35% (32.5% o 30%, según el ejercicio) y colocando los ingresos a tipos más reducidos en sede de las sociedades prestamistas». Dichas sociedades se ubicaban en Suiza, Holanda y Luxemburgo.

La Agencia Tributaria interpretó que los préstamos, transferencias y transmisiones de propiedad entre las empresas del grupo, que estaba en proceso de reestructuración una vez integrada Inespal, no tenían “ningún efecto real relevante distinto del ahorro fiscal”, por lo que apuntaron al fraude. Toda esa argumentación de Hacienda, sin embargo, ha quedado en nada.

El error de Hacienda: dejó que prescribiera el procedimiento

La Audiencia Nacional declaró nula en enero de 2017 la liquidación practicada por el fisco para los ejercicios 2003 a 2005, con lo que Alcoa se libró de abonar los 116 millones reclamados. La clave de la anulación fueron los tiempos, ya que Hacienda notificó a la compañía el acuerdo de liquidación fuera de plazo, el 28 de septiembre de 2010.

La Agencia Tributaria justificó las actuaciones después de la prescripción por lo que se denomina dilaciones atribuidas al contribuyente. Es decir, que Alcoa habría retrasado en 635 días las tareas de los inspectores, algo no tan extravagante como pueda parecer, pues suelen producirse demoras para recopilar documentación o por la ausencia de directivos para atender a los inspectores, entre otros motivos.

Con estos 635 días, los tiempos de la Agencia Tributaria encajarían perfectamente. Sin embargo, la Audiencia Nacional ve un error en el procedimiento, ya que no consta el preceptivo “acuerdo formal de reanudación de actuaciones” que se requiere para los actos realizados con posterioridad al plazo máximo establecido. Ese descuido invalida la ampliación de actuaciones, deja prescritos los ejercicios inspeccionados y anula la liquidación practicada por Hacienda.

Alcoa juega la baza de los activos fiscales

No tardó nada Alcoa en llevar la favorable sentencia que acababa de obtener a su otra causa pendiente, una reclamación de 112 millones por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 a 2009. No buscaba con ello la anulación, si no hacer constar que, una vez anulada la liquidación de los anteriores ejercicios, también se anulan los créditos fiscales que había aplicado en ellos.

De esta manera, dice Alcoa, las bases imponibles negativas que había agotado en los ejercicios 2003, 2004 y 2005 vuelven a estar disponibles para aplicarlas en los tres siguientes. La Audiencia Nacional le da la razón y obliga a recalcular la liquidación del impuesto computando también unos 194 millones en créditos fiscales. Este nuevo cálculo, estima Alcoa, le saldrá a pagar “entre 21 y 53 millones”, aproximadamente la quinta parte de la reclamación inicial que realizó Hacienda en 2014.

Alcoa, que provisionará 26 millones para hacer frente al pago (la otra mitad deberá atenderla Arconic), defendió durante el procedimiento que no cometió fraude fiscal, sino que el litigio se debe a una discrepancia en la interpretación de la normativa entre la compañía y la Agencia Tributaria.