Adif demandará a las constructoras que amañaron los contratos del AVE
El gestor de infraestructuras modificará el método de contratación y reclamará daños y perjuicios a ACS, Indra, OHL, Isolux o Siemens
Se le acumula el trabajo a la gallega Isabel Pardo, nombrada presidenta de Adif con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. El gestor de infraestructuras ferroviarias llevará a los tribunales a las empresas del cartel ferroviario destapado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La investigación del supervisor salpica a algunas de las principales contratistas de obra pública en España, como ACS, Sacyr, OHL o Indra.
Competencia propuso una sanción total de 118 millones para quince empresas que a lo largo de 14 años se habrían repartido concursos de Adif por un valor próximo a los 1.000 millones. La trama llegó hasta la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, con Cobra, Indra, Elecnor, Alstom y Semi amañando supuestamente los concursos para la línea catenaria y el mantenimiento de los túneles. La concertación de ofertas y reparto de adjudicaciones afectó tanto al AVE como a otros contratos de líneas.
Tras conocer la resolución de Competencia, Adif ha pasado al ataque. Llevará a los tribunales a las constructoras para demandar “daños y perjuicios”. Ante la «gravedad» de los hechos revelados por la CNMC y el «gran número de contratos afectados», Adif realizará «a la mayor brevedad posible» un informe para determinar los daños que hayan causado y, fundamentalmente, su «impacto» en obras cofinanciadas con fondos europeos.
«Una vez finalice el informe, Adif adoptará las acciones legales tendentes a su resarcimiento», anunció en un comunicado la empresa pública, principal contratista de obra de la Administración central.
Cambio en el proceso de contratación
Las trampas de las constructoras forzarán también un cambio en el proceso de contratación. Adif incluirá una cláusula en sus contratos por la que las empresas que se adjudiquen su ejecución asuman «su obligación a realizar la obra de forma íntegra y ética».
En virtud de esta cláusula, en caso de probarse «cualquier tipo de fraude» en los contratos, las firmas que lo cometan deberán responder por «daños y perjuicios» con multas que pueden suponer hasta el 50% del importe total del proyecto.
Además, la compañía adoptará las «medidas organizativas necesarias» para dotarse de mecanismos internos de control que «permitan realizar una análisis especializados en materia de competencia en los sectores de actividad» vinculadas con su negocio.
En cuanto a la petición de la CNMC de que se prohíba contratar con las empresas implicadas en el cártel, Adif aseguró estar a la espera de lo que al respecto determine la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y el Ministerio de Hacienda.
