Adif adjudicó obras públicas a Copcisa sin los permisos mínimos
Manos Limpias presentará una querella contra el presidente del ente público por contratar a empresas sin los expedientes administrativos que marca la ley
La empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, Adif, habría adjudicado a Copcisa, el grupo controlado por la familia Carbonell, la construcción de los accesos a la estación de Requena (Comunidad Valenciana) saltándose varios procedimientos legales. El proceso se habría repetido en otros proyectos.
El sindicato Manos Limpias presentará en enero una querella contra el presidente del ente, Gonzalo Ferre, y su director general, Antonio Gutiérrez, por asignar esas obras sin los expedientes administrativos necesarios.
Las prácticas, que desembocan en un «fraude masivo» (no especifican las cifras), cuentan con la «implicación del Ministerio de Fomento», según el dirigente del colectivo de funcionarios de justicia, Miguel Bernard. Para Manos Limpias la contratación de obra pública en Adif es «bochornosa».
Presupuestos sin sentido económico
El ente, según las bases de la futura denuncia, adjudica proyectos a Copcisa y otras sociedades con descuentos de hasta el 53% que luego no se pueden ejecutar. Para salir del paso, se precisa la concesión de créditos urgentes que permitan terminar la construcción del proyecto.
En el caso concreto de la estación de Requena, Copcisa logró la adjudicación de los accesos al recinto sin haberse publicado los expedientes administrativos, sin disponer de todas las autorizaciones correspondientes y «es más», según Bernard, sin que el proyecto de la estación estuviera completo.
No se trata de la primera irregularidad que se descubre en la última etapa de Adif. «Desde el accidente de Galicia, los máximos responsables [de Adif] engañan a la ministra, que siempre mira hacia otra parte», opina Bernard.
Llueve sobre mojado
Para Manos Limpias, otro ejemplo de la dudosa gestión, según su análisis, de Adif es la investigación de la presunta malversación de fondos públicos durante la construcción del AVE en Barcelona. El juez instructor del caso Yogui imputó a Gutiérrez, que declaró ante la Guardia Civil en octubre.
El presunto fraude alcanza los seis millones de euros. Cuatro funcionarios y seis empresarios están acusados de malversación, cohecho y falsedad documental.
Tampoco se trata de la primera sospecha de concesiones a dedo que salpica a Copcisa. La empresa, fundada en Terrassa (Barcelona), multiplicó por seis su facturación en cinco años gracias a las concesiones del gobierno convergente de la Generalitat. Según una investigación periodística de El País, la administración controlada por CiU repartió el 70% de la obra pública entre nueve empresas próximas. Fue en el periodo comprendido entre 1998 y 2003.
