Adega denuncia a la Xunta por prevaricación en la tramitación de parques eólicos
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia acusa al Ejecutivo autonómico de presunta prevaricación y malversación fondos al dar por ejecutado el proyecto industrial de dos parques eólicos de Greenalia
Representantes de Adega este viernes ante los medios. Adega
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) ha denunciado a la Xunta ante la Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña por presunta prevaricación y malversación de fondos vinculados con la tramitación del plan industrial para el desarrollo de dos proyectos eólicos de Greenalia.
Representantes de la asociación han explicado en una rueda de prensa que Kaekias Eólica S.A. obtuvo, en la Orden del 29 de marzo de 2010, la asignación de 75 megavatios para desarrollar los parques de eólicos de Campelo y Lamas de Feás. Dicha asignación se concedió con una condición: o bien se ejecutaba un plan industrial específico, o bien se monetizaba en un importe económico que tendría que ser depositado en el fondo capital-riesgo del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).
Monetizar los parques
Según ha señalado Adega, Kaekias Eólica escogió la opción de monetizar los parques eólicos por un importe de 11.721.971 euros. En el año 2016 la sociedad fue absorbida por Greenalia junto a la titularidad de los proyectos eólicos de Campelo y Lamas de Feás, así como los compromisos vinculados a ambos proyectos, que no se habían llevado a cabo.
En el año 2019, según la versión de la asociación, Greenalia solicitó que se diese por ejecutado el plan industrial en base al desarrollo de tres de sus actividades llevadas a cabo entre 2015 y 2009, “en vez de ingresar los casi 12 millones de euros”.
Adega ha señalado que los hechos denunciados están relacionados con la resolución administrativa emitida el 21 de julio de 2021 por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais en la que se da por ejecutado el plan industrial que comprometía la asignación de potencia para los parques eólicos en el concurso de la Xunta de 2010.
Durante la rueda de prensa la asociación ha puesto el foco en la anterior directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais y actual secretaria xeral de Industria, Paula Uría Traba, por estar al frente de la dirección cuando se dio por ejecutado el plan industrial de Greenalia.
Los representantes de Adega han señalado que la regulación del concurso de 2010 «no tenía cabida legal una modificación del proyecto industrial». Así, han insistido en que «es especialmente grave que el proyecto se haya dado por ejecutado» y que esto «crea un peligroso precedente».
Versión de Greenalia
Desde Greenalia han defendido «cumplir con todo los criterios que le ha pedido la administración y justificar todo en tiempo y forma». También han apuntado que «llama la atención que Adega reclame el cumplimiento de planes industriales, que, como en este caso, a pesar de no estar construidos los parques, ya se ha ejecutado toda la inversión y se ha acreditado de forma fehaciente».
La compañía ha invitado a Adega «a sentarse para diseñar una estrategia» con el fin «de construir un país más competitivo y sostenible para el beneficio de todos«. Así, ha subrayado que ambas entidades «persiguen el mismo objetivo, el desarrollo de Galicia».
Trámites ambientales de Campelo
En paralelo, el parque de Campelo, paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha estado a debate en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento gallego.
En concreto, el diputado del BNG Luís Bará ha realizado una pregunta al director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, por el auto del TSXG, que aceptó el recurso contencioso presentado por Adega por incumplimientos de la normativa ambiental en este proyecto.
Fernández Vila ha justificado la tramitación por parte de la Xunta y ha recordado que, por resolución del 5 de marzo de 2018, se autorizó la transmisión de la titularidad del parque para Greenalia, mientras que en abril se presentó una modificación del proyecto motivada por condicionados ambientales y la evolución tecnológica del sector eólico.
Así, tras múltiples modificaciones en el proyecto, Fernández Vila ha indicado que fue el 18 de julio de 2019, el órgano ambiental informó de que, teniendo en cuenta, el alcance de las modificaciones de la promotora y que el Instituto de Estudos do Territorio había emitido un informe favorable, no se necesitaba que Greenalia presentase nuevos estudios en el ámbito ambiental.
