ACS detrae 1.200 millones tras finalizar el idilio de Florentino con Madrid

Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, estaba acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo en el Ayuntamiento de Madrid con los gobiernos municipales del Partido Popular, pero todo cambió a partir de junio de 2015, cuando Manuela Carmena se convirtió en primera edil de la capital al recibir Ahora Madrid el apoyo de los socialistas.

Desde entonces, todo han sido tiras y aflojas en relación a grandes cuestiones que, relacionadas tanto con el grupo constructor como con el equipo blanco, habían quedado pendientes de resolución con la nueva corporación municipal.

Aunque, durante todos estos meses, ambos han tratado de limar asperezas y han aparentado cordialidad en los actos púbicos en los que han coincidido –en su mayoría, ligados a las celebraciones por los triunfos de los equipos de fútbol y baloncesto–, lo cierto es que el tiempo ha demostrado que las tornas han cambiado de cabo a rabo, y la presentación de la limitada reforma del estadio Santiago Bernabéu ha venido a certificar el fin del idilio entre Florentino y el Ayuntamiento.

Cumplimiento de la sentencia judicial

En este caso, el consistorio no ha necesitado entrar en polémica directa. Se ha limitado a dar cumplimiento a las sentencias judiciales que han impedido sacar adelante el inicial proyecto faraónico, que contemplaba un aumento de 20.000 metros cuadrados edificables al ocupar el suelo público situado entre el estadio y el paseo de la Castellana para construir un hotel y un centro comercial.

Un extremo, el de construir un hotel, al que todavía se aferra el presidente del Real Madrid. «Nadie dice que no se pueda hacer un hotel y un centro comercial», apuntaba Florentino Pérez durante la presentación del acuerdo con el Ayuntamiento.

Hotel no descartado

Buscando Lo hacía ante la realidad de que, sin aumentar la edificabilidad, existen 23.000 metros cuadrados que quedan libres en el estadio y que podrían ser destinados a esos usos. A saber, resumía Pérez, los 8.000 metros de las oficinas que se van a trasladar a Valdebebas, otros 10.000 que quedan liberados del desaparecer el centro comercial de ‘La Esquina del Bernabéu’ y otros 5.000 más que nunca se utilizaron.

Al margen de este asunto, la reciente venta de ACS de su filial Urbaser a una empresa controlada por el grupo chino CNTY viene determinada por otro proyecto que, con la llegada de Carmena al Ayuntamiento de Madrid, también se fue al traste.

La venta de Urbaser, acelerada sin megacontrato de limpieza

El de volver a unificar en un solo los contratos de recogida de residuos del centro y de la periferia de la capital, que la anterior corporación, presidida por Ana Botella, había dejado encarrilada para adjudicar, por parte del nuevo Ayuntamiento –confiando en que prosiguiera el PP al frente – a finales de 2015, con una duración de unos diez años y una cuantía superior a los 1.000 millones de euros.

Florentino se había convertido en el gran muñidor para hacer realidad este megacontrato, con el que pretendía encauzar Urbaser, tenedora de una deuda superior a los 1.000 millones de euros.

Buscaba resarcirse por quedar fuera del anterior contrato de limpieza de la capital, pero, al ver que el contrato único quedaba descartado, aceleró el proceso de venta la filial, finalmente colocada al grupo por un precio de 1.250 millones, tras descontar la deuda.

Sin el beneficio previsto, la concesión no tiene sentido

Coincidiendo con la venta de Urbaser, Dragados, filial de ACS, también ha rescindido en Madrid una concesión urbanística, otorgada en 2006, bajo mandato en la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón.

Eran los tiempos del boom inmobiliario. La filial acometería las obras del ámbito y, a cambio se quedaría, con terreno para edificar 2.000 viviendas libres, obteniendo unas ingentes plusvalías con la venta de estos terrenos. Pero sobrevino la crisis y la operación resultaba inviable.

A partir de aquí, casi una década de idas y venidas con paralización de las obras, litigios con las expropiaciones y amenazas por parte de los ayuntamientos del PP por incumplir Dragados con creces el plazo de la concesión (vencía en marzo de 2013), que se acaban de zanjar con el reciente acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la filial de ACS para rescindir la concesión.

Dragados iba a recibir 176 millones, pero solo percibirá, tras realizar las obras de urbanización, unos 130, no en efectivo sino en suelo, además de algo más de 3 millones por lucro cesante.