Abogados del caso Prestige: «No aprendimos nada, seguimos en manos de los clubs ingleses»

Veinte años después del naufragio del petrolero Prestige frente a las costas gallegas, los 855 millones de indemnización que España reclama a la aseguradora del buque continúan en el aire. El pleito tiene un futuro «incierto», según aseguran abogados que han participado en la causa judicial en la que desembocó la marea negra de noviembre de 2002.

«Seguimos en manos de los clubs ingleses y del Fondo para la Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac) con las particularidades de sus cláusulas limitadoras de la responsabilidad. A un buque se le debe obligar a navegar con un seguro que cubra los posibles daños que pueda generar, no es así, por eso es tan difícil depurar responsabilidades y percibir las indemnizaciones», explica Ramón Sabín, que representó a cofradías gallegas y otras del norte de España.

«Tampoco es fácil de cambiar, pero los estados ribereños, por los que circulan los buques sospechosos de ser contaminantes en exceso, debieran exigir que naveguen con un seguro que cubra los daños que puedan generar. Las aseguradoras se ocuparían de que los buques estén en condiciones para navegar y soportar cualquier estado de la mar, pues en caso contrario no los van a asegurar», insiste.

Dos décadas sin cobrar

Sabín defiende que el procedimiento que se siguió era el adecuado. Se acertó tanto al llevarlo por la vía penal, ya que permitió que «en un único procedimiento se depuraran las responsabilidades penales y se realizaran las reclamaciones civiles», como en la instrucción en el Juzgado de Corcubión, aunque hubiera sido mejor dotarlo con más medios para acortar los plazos de la causa. De haberse tramitado en la Audiencia Nacional, hubiera sido probable «que se hubieran dilatado aún más las actuaciones», sostiene.

El problema, a su entender, es otro. Pone como ejemplo el naufragio del Mar Egeo: «Sabíamos que lo mejor era llegar a los acuerdos indemnizatorios que ofreció el Gobierno de España en aquel momento, ya que las peleas judiciales con el Fidac y los clubs se harían interminables y así fue. Han pasado veinte años (en el caso Prestige), y los que no se han acogido a estos acuerdos transaccionales siguen sin cobrar».

Un resultado «impredecible»

«Es impredecible e imprevisible», dice respecto al pleito con la aseguradora London P&I el letrado Cipriano Castreje, el primero, como «ciudadano, no representando a nadie» en ese momento, en presentar denuncia tras la catástrofe, según recuerda. Lo hace aludiendo al «problema de la legislación» con Reino Unido lo que, a su juicio, dificulta la resolución a buen término para España del pleito. «Lo veo complicado, pero no imposible«, apostilla.

En cuanto a si se aprendió de la catástrofe a nivel judicial, sostiene que «a toro pasado hay opiniones para todos los gustos». Con todo, coincide en que el juzgado de Corcubión era el competente, pero incide en que tenía que habérsele dotado de medios.

Coincide el abogado de Nunca Máis, Pedro Trepat: «Es un procedimiento muy largo, complejo y con un incierto futuro».

Algo cambió con el Prestige

Manuel Meiriño, abogado de la asociación ecologista Arco Iris, que estuvo también personada, ve el vaso medio lleno. «Es la primera vez que se le dio la vuelta a una sentencia con implicación de seguros británicos que no reconocían el fuero de estos tribunales», destaca.

«El Tribunal Supremo condenó a los seguros y se consiguió reconocer los daños medioambientales», recuerda el letrado respecto a un fallo que confirmó la responsabilidad civil derivada de la catástrofe y fijó indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros, a repartir entre el Estado español –como principal perjudicado–, el francés, la Xunta de Galicia y otros afectados, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.