Abengoa urge de más capital tras agotar el préstamo de marzo
El actual coste mensual del personal y proveedores se eleva a unos 40 millones, que se irían a los 100 millones en julio con el abono de la paga extra
Mientras los bonistas y acreedores de Abengoa siguen dándole vueltas al acuerdo definitivo de reestructuración financiera, el día a día de la empresa, aunque bajo mínimos, no se para.
Sobre todo en lo que se refiere a las necesidades de liquidez, para cubrir a sus ya 17.000 empleados –un 30% menos que hace un año– y a algunos de sus proveedores.
Aunque esta partida de gastos corrientes prácticamente se ha reducido a más de la mitad desde que la empresa entrara en preconcurso de acreedores el pasado mes de noviembre, los aproximadamente 40 millones mensuales, que en estos momentos se requieren, siguen pesando como una losa, en una empresa que, como la multinacional sevillana, está prácticamente paralizada y el flujo de caja sigue desequilibrado.
Sigue saliendo más dinero del que entra
Al salir más dinero del que entra no se genera caja neta positiva. Al cierre del primer trimestre, los flujos de actividades de explotación obligaron a una salida de caja de 239 millones, cuando un año antes habían entrado 192 millones.
Del mismo modo, la ralentización del negocio está llevando a que la salida neta de cada por actividades de inversión se haya visto reducida un 85% y, por lo que se refiere a los flujos de financiación, la generación de caja también se está viendo muy disminuida.
De hecho, los 136 millones que se apuntaron por este concepto al final del primer trimestre provinieron, casi en su totalidad, del préstamo facilitado por los bonistas.
Más capital para evitar la parálisis total
Y, ahora tres meses después, la historia se repite. Se pagarán las nóminas de junio, pero, a partir de aquí, alguien debe poner más dinero –bonistas o acreedores, o los dos– para que Abengoa no se pare del todo.
Lo que todos pretenden es que, con el acuerdo refrendado, la nueva inyección de liquidez no requiera de más préstamos transitorios, como los que se vienen otorgando desde septiembre de 2015, sino ya como parte del capital adicional que finalmente se decida otorgar.
Y en ese marco estarían los 500 millones de euros que los bonistas han puesto sobre la mesa de negociación, en línea con lo adelantado hace una semana por Economía Digital.
El acuerdo se apunta como inminente
La idea de los bonistas es que, si al final se requiere más dinero, sean los bancos acreedores los que lo pongan. Aunque ya sería una cantidad muy irrisoria, de apenas 100 millones de euros, a aportar entre los integrantes del G-6, encabezado por el Banco Santander. Algo que, como dejan entrever fuentes cercana a la negociación, apuntaría a que la firma del acuerdo podría ser inminente, incluso antes de que finalice el presente mes de junio.
Con esos 500 millones más, además de garantizar el pago de las nóminas hasta otoño, la empresa confía que sirvan para reactivar los proyectos, acabarlos y cobrar por ellos. En esa nueva estrategia de la empresa, ya sin apenas necesidades previas de financiación, de lograr la adjudicación, construir la obra y cobrar por ella.
Impugnaciones y demandas de pequeños bonistas
En tanto se cierra el acuerdo de refinanciación, Abengoa sigue muy pendiente de la decisión que pueda tomar el juez de lo Mercantil 2 de Sevilla sobre la impugnación del preacuerdo de refinanciación que hace un mes presentó un grupo de bonistas, que denunciaban la existencia de irregularidades en la captación de adhesiones sobre el referido acuerdo.
Otros pequeños bonistas afectados por el impago de cupones celebraban la pasada semana una asamblea, canalizada por el bufete de abogados Durán y Osuna. Con una media invertida de unos 50.000 euros suman, reclaman cantidades cercanas a los 3 millones de euros, sobre los que no van a aceptar ni un euro de quita. Y, además, lo quieren ya, no dentro de unos meses.
Los abogados que representan a estos bonistas pretenden seguir la estrategia llevada a cabo en otros casos similares, no de ir contra Abengoa –que no tiene capacidad para efectuar estos reembolsos–, sino contra las entidades financieras que cobraron por colocar estos bonos a los pequeños inversores y no explicaron con rigor los riesgos de la operación.