Y ahora, tras el 1-O, ¿qué?

Cataluña vivió este 1 de octubre (1-O) uno de los días más tristes de su historia. Desde luego, su día más triste, políticamente hablando, desde que en este país se reinstauró la democracia.

Y, sin embargo, sería ingenuo afirmar que no existían fundados temores de que la jornada pudiera desarrollarse así. Cuando se desafía absolutamente la legalidad, cuando se incumplen las órdenes dictadas por los jueces y deben actuar las fuerzas de seguridad del Estado, las consecuencias suelen ser dramáticas.

La proporcionalidad de la actuación de los cuerpos policiales debe ser evaluada, por supuesto, como ha sido siempre así desde que España es un país democrático; pero resultaría de un cinismo irresponsable no reconocer que su actuación se ha dirigido a cumplir las órdenes judiciales de requisar urnas y cerrar los colegios electorales y, por tanto, cargar contra aquellos que intentaban evitarlo.

La Guardia Civil y la Policía Nacional cumplían órdenes judiciales y, por tanto, cargaron contra quienes intentaban evitarlo

A la hora de escribir este editorial, aún no ha habido una valoración oficial por parte de la Generalitat, pero parece evidente que no se ha podido celebrar el referéndum y en consecuencia las cifras que puedan darse carecen de las garantías mínimas y de cualquier virtualidad.

Nos tememos, no obstante, que lejos de hacer un análisis desapasionado de las lecciones que pueden extraerse, los dirigentes soberanistas van a insistir en un relato imaginario y tramposo. Sin ir más lejos, en una de sus comparecencias, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Jordi Turull, describió una España dictatorial, vergonzante, brutal represora a la vez que decía que millones de personas habían ido a votar. Una cosa u otra, las dos simultáneas es raro.

Las personas heridas en las cargas policiales, las escenas de tensión y el descrédito sufrido por la institución autonómica –en especial, los Mossos– en la jornada del 1-O son imputables en exclusiva a sus convocantes, que conocían sobradamente la prohibición dictada por los jueces y la determinación del Gobierno, como no podía ser de otra manera, de hacerla cumplir.

Hace unos días, en un editorial anterior, preguntábamos a los dirigentes soberanistas qué sentido tenía continuar cuando era evidente que ya era imposible cumplir sus propias leyes, las normas de las que se habían dotado ellos mismos en las infaustas jornadas del Parlament los días 6 y 7 de septiembre, que no había ninguna posibilidad de celebrar un referéndum con las mínimas garantías democráticas.

A partir del 2-O, se deberá poner el acento en la reflexión y convocar al mayor número posible de actores

Era, quizá, una pregunta retórica cuando la dirección del proceso secesionista tiene el sello de la ruptura institucional, de la desobediencia, de entidades asamblearias como la ANC u Òmnium, o de partidos como la CUP.

¿Y ahora qué? Lamentablemente, el 1-O será apenas el inicio de un proceso largo, un simple hito en un camino mucho más largo y que habrá que dar sabiendo que no hay soluciones a corto y medio plazo. El período que hoy se abre deberá poner el acento en la reflexión y convocar a ellas al mayor número posible de actores.

Habrá que distinguir las actuaciones desleales de los que han estado al frente de la institución autonómica de las propias instituciones que deben ser mantenidas, aunque quizás deban ser reformuladas en alguna medida.

Hoy, buscar culpables en el pasado, pretender echar las culpas en exclusiva sobre el gobierno central es un ejercicio injusto además de inútil. En Cataluña se ha llegado a la situación actual por errores cometidos a lo largo de años atrás, muchos de ellos cometidos por gobiernos del PP, otros bajo ejecutivos del PSOE y en algunas ocasiones bajo gobiernos de coalición en la sombra.

También la sociedad, dicha «civil», debe asumir su responsabilidad. Pero no es tiempo ahora para estos reproches, sino para iniciar una nueva cultura política. En caso contrario, el futuro será peor que incierto.