Entre celo y ofuscación
El Gobierno de Rajoy no debe confundir celo con ofuscación y ha de manejar la poderosa maquinaria del Estado con prudencia
La postura del Gobierno ante el 1-O se resume en exigir el respeto a la ley y evitar su incumplimiento. El argumento es inobjetable, pero su aplicación es arriesgada y sus resultados, irregulares. Mariano Rajoy renunció hace años a la flexibilidad de la política para abordar el problema catalán. Ahora, a días de materializarse el desafío que nunca iba a ocurrir, solo le queda el recurso a jueces, fiscales, Guardia Civil y demás cuerpos policiales.
La estrategia -si es que así se puede llamar- conlleva el peligro de que algún juez se arrogue un papel político. Así ocurrió con el acto de apoyo a la consulta en un local municipal de Madrid prohibido por el magistrado Yusty Bastarreche, un declarado ultra-conservador. Por su lado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, reprobado en mayo por una mayoría del Congreso (207 contra 134 diputados), ha decidido imputar a los 712 alcaldes que han anunciado que facilitarán el referéndum.
El acto de Madrid acabó por celebrarse en la calle y en un teatro, con más atención de la que hubiera atraído sin la intervención judicial. Y el desfile de alcaldes iniciado el martes ante las fiscalías de Pont de Suert, La Seu d’Urgell y la Superior de Cataluña promete convertirse en una plataforma diaria de adhesión al referéndum que se quiere impedir.
1-O: el aparato del Estado, sólo –pero no simplemente—es una maquinaria
El Estado de derecho es un patrimonio ciudadano que se debe proteger. Y el aparato del Estado, sólo –pero no simplemente—es una maquinaria. El Gobierno de Rajoy no debe confundir celo con ofuscación y tiene que manejar esa poderosa maquinaria con prudencia. Para no perder el control y la mesura ante la desobediencia del Gobierno catalán y del independentismo organizado. Y para evitar males mayores. En algún momento, tocará reconstruir. Cuanto más graves sean los daños, más difícil será la reconstrucción.
