Frente común de la alimentación para pedir un «trato especial» ante el decreto de ahorro energético

El plan de ahorro energético puesto en marcha por el Ejecutivo central por el que se establece, entre otras medidas, un límite de 27 grados en la refrigeración y 19 de calefacción en edificios locales de uso administrativo y  comercial, ha provocado distintas reacciones en los sectores profesionales afectados. 

Así, por ejemplo, la patronal que agrupa a las pescaderías tradicionales, Fedepesca,  ha solicitado este jueves al Gobierno un «trato especial» y «diferenciado» para este sector dentro del real decreto para garantizar «la seguridad alimentaria».

En este sentido, la patronal ha emitido un comunicado en el que señala la necesidad de «garantizar el mantenimiento de la cadena de frío en todo momento, desde el abastecimiento, pasando por el transporte, hasta la exposición en tienda».

Con este argumentario, desde Fedesca solicitan al Gobierno la consideración de las pescaderías como «un sector diferenciado con necesidades de condiciones ambientales especiales».

Además, la patronal ha recordado que las pescaderías tradicionales «se abastecen en mercados centrales», con salas refrigeradas, almacenes mayoristas y lonjas, donde es necesario garantizar la conservación del frío en todo momento, algo que consideran «imposible» con «temperaturas tan elevadas». 

Preocupación del sector cárnico 

La Confederación Española de Detallistas de Carne, Cedecarne, también han manifestado su preocupación por algunas de las medidas recogidas en la nueva regulación y consideran que el Gobierno debería «haber tenido en cuenta la opinión de los comerciantes» a la hora de poner en marcha cuestiones importantes como «el tipo de establecimiento, su tamaño, el producto que vende o su ubicación geográfica» antes de fijar las temperaturas máximas y mínimas de los establecimientos. 

Al igual que ocurría con la patronal de pescaderos, desde Cedecarne manifestaban su preocupación por el control de la temperatura en los establecimientos en términos de seguridad alimentaria, ya que entienden que, en función de la normativa específica en esta materia, las medidas incluidas en el plan de ahorro energético relacionadas con dicha temperatura no deberían aplicarse, tanto en obradores como en las dependencias de ventas.

Por otro lado, Cedecarne también hace referencia al incremento de los gastos que deben asumir los empresarios del sector cárnico para hacer frente a las nuevas obligaciones, que se suman «a los que ya vienen soportando, como el incremento de los costes de las materias primas y de la energía y los combustibles, entre otros». Desde la confederación señalan que este aumento ha provocado que los empresarios asuman una carga que «hasta ahora no se ha visto trasladada en los precios al consumidor», aunque avisan que «esta situación no puede seguir siendo sostenible en el tiempo».

En este sentido han resaltado que «estas duras condiciones han llevado a la desaparición de un 8% de empresas en este sector en los últimos cinco años», por lo que instan a las distintas administraciones medidas que reviertan este escenario.

Para ello, la confederación empresarial ha pedido que se habilite un sistema de ayudas económicas para facilitar el cumplimiento de las nuevas medidas por «un sector que viene soportando en los últimos años nuevas obligaciones económicas (impuestos asociados al plástico, a los gases fluorados o medidas Covid, entre otros)». Además, también han solicitado un mayor plazo para permitir a las empresas del sector cárnico la adaptación a la nueva legislación.

No obstante, Cedecarne entiende que «es razonable» llevar a cabo un plan de ahorro energético y comparte el «espíritu del real decreto» dado el 2compromiso medioambiental que mantienen sus empresas».