Pastor obvia un convenio entre Chacón y Corredor para vender suelo en Madrid

Un convenio suscrito el 20 de noviembre de 2008 entre las entonces ministras socialistas de Defensa, Carmen Chacón, y de Vivienda, Beatriz Corredor, está a punto de convertirse en papel mojado.

En aquel momento, ambas ministras hicieron efectivo el traspaso de Defensa a Vivienda, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa (GIED) y de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), respectivamente, de los terrenos sobre los que asentaron durante décadas cuarteles. Vivienda pagó 113 millones para urbanizar esos terrenos y destinarlos a su venta para la construcción de vivienda protegida.

Terrenos urbanizados

Pues bien, seis años después, y una vez urbanizados los terrenos, el Ministerio de Fomento, encabezado por Ana Pastor, ha tomado la decisión de ponerlos en venta, a través de Sepes, por un precio de partida de 44,3 millones de euros. En concreto, las parcelas sobre las que durante décadas estuvo operativo el Parque Central de Ingenieros, en Villaverde, uno de los distritos del sur de Madrid.

Pero no para hacer vivienda protegida, como recogía aquel convenio y como también lo hace el propio pliego de enajenación publicado para la venta de estos nueve solares, sino para construir viviendas libres o protegidas de precio limitado.

Contradicciones en el pliego

Aunque en el pliego se recoge explícitamente que «el propietario se compromete a destinar todas las parcelas a la construcción de viviendas protegidas, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse», basta fijarse en los usos compatibles que se permitirán para comprobar que de las 1.400 viviendas que pueden construirse, la mitad serán de precio libre y la otra mitad se acogerán a la figura de precio limitada, protegidas sí, pero siempre que las familias acrediten ingresos superiores a 50.000 euros anuales.

En el solar vallado, un gran cartelón del Gobierno de España ofrece detalles de la operación sobre una superficie de 27 hectáreas, cuyas obras de urbanización han requerido de una inversión pública de casi 20 millones de euros.

Posibles compradores

Con este gasto más lo pagado en su día por el suelo, y teniendo en cuenta el precio de licitación fijado, Sepes estima obtener unos márgenes en la operación de casi 5 millones de euros. Podrían ser más si los promotores interesados, que tienen de plazo hasta el próximo 19 de junio para presentar las ofertas suben el precio. Algo que será lógico si existen varios pretendientes.

Como ya ha ocurrido en los últimos meses, y aunque no se trata de terrenos situados en el centro de Madrid, sino en un barrio periférico de clase baja, no son muchos los compradores que pudieran afrontar un gasto de tal envergadura.

Cooperativas y promotores solventes

Descartada la financiación bancaria, solo las cooperativas de viviendas o alguno de los promotores que se salvaron de la quema estarían en disposición de hacer frente a tamaña inversión.

Además de los 50 o 60 millones de euros que finalmente se paguen por el suelo, se requerirán no menos de otros 100 millones adicionales para construir las 1.400 viviendas previstas.