Nueva ley antideshaucios: dos años de moratoria hipotecaria que no resuelven el problema

Tras muchos meses de presión popular, el pasado 16 de noviembre el Gobierno aprobó un Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, con el que pretende atajar la dramática situación de las personas en riesgo de desahucio por impago de hipoteca.

La medida consiste en permitir que las familias con más riesgo de excluisión social puedan dejar de pagar hasta dos años de cuotas sin perder su casa.  Y aunque es cierto que esto supondrá un alivio para muchos hipotecados, el decreto ha sido muy criticado por su falta de concreción, ya que deja muchas preguntas por resolver: 

• Dónde queda ahora el código de buenas prácticas que aprobaba la dación en pago si se cumplían estos seis requisitos? ¿Son vigentes las dos normas, la nueva tapa a la vieja…?
• Durante los dos años de prórroga, ¿se acumularán comisiones e intereses de demora, en general sobre el 20%, tal y como apunta el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol? ¿Se añadirán a la hipoteca pendiente? ¿Se establecerá algún máximo?
• ¿Qué pasará una vez terminen esos 24 meses?

Además, las voces más críticas han apuntado que la medida es popular y cortoplacista, solo podrá aplicarse a un número muy reducido de personas, y no cambia ninguno de los puntos más revisables de la ley hipotecaria ya que:

• Estas medidas no son retroactivas, por lo que las personas que han sido desahuciadas en las últimas semanas no podrán beneficiarse de ellas por muy poco.
• La ILP por la dación en pago acaba de anunciar que lleva recogidas 614.246 firmas, superando las 500.000 necesarias para llevar la propuesta al Congreso. Si en un momento de máxima presión popular, suicidios incluidos, el Gobierno ha dejado a la dación en pago completamente fuera de la foto, vemos pocas posibilidades de que la petición sea escuchada en el futuro.
• Sigue sin tocarse uno de los temas más reclamados por los jueces: el valor de tasación en las subastas, es decir, el hecho de que el banco pueda quedarse con el inmueble en 2ª subasta por el 60% de su valor actual de mercado, lo que deja al hipotecado sin casa y con una deuda enorme.