El juez imputa a Narcís Serra por el agujero inmobiliario de CatalunyaCaixa
La Audiencia Nacional imputa a Serra, Adolf Todó y otros 13 altos cargos de CatalunyaCaixa por generar un agujero de 720 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado al expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra, al ex director general Adolf Todó y a otros trece altos cargos por presunta administración desleal. Su gestión habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros.
El auto del titular del juzgado central de Instrucción n 2, Ismael Moreno, que publican varios medios, está fechado el pasado 1 de marzo, y responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB. El juez ha dejado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad. Entre los directivos investigados figura Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.
Esta nueva imputación se suma al proceso abierto en los tribunales contra Serra, Todó y la antigua cúpula de la entidad por la aprobación de sobresueldos cuando ésta se encaminaba hacia el desastre. El juicio para este caso —con muchas similitudes al de las antiguas cajas gallegas, que ha acabado con varios ex directivos en prisión– todavía no tiene fecha.
Según explica el documento en el que ha basado su imputación la Audiencia, CatalunyaCaixa “ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” a través de la filial Procam. Estas operaciones, que incluyen compras de inmuebles y participaciones en sociedades del sector, alcanzaron países como Polonia y Portugal, además de la propia España.
El problema radica en que la mayoría de estas operaciones se hicieron sin analizar previamente su viabilidad, “confiando” únicamente en la palabra de los socios copartícipes en las inversiones, que posteriormente se demostraron ruinosas. La denuncia acusa a los ex directivos de CatalunyaCaixa de dar el visto bueno a operaciones “sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y la capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios”.
